Programa Sin Fronteras 15 de junio de 2023

Ecocidio: defender la casa común

Hay un exceso de diagnósticos. Lo grave es ir por detrás de los fenómenos que aceleran la destrucción ambiental

La irrupción del Calentamiento Global en el campo del ambientalismo internacional incrementó exponencialmente las valoraciones sobre la colisión histórica entre protección de la naturaleza y la producción de bienes y servicios. Las largas definiciones que se nos revelaron en los años ‘70 cobraron nuevos bríos. Es así que lo que denunciábamos como la expoliación o explotación de los recursos naturales no renovables, quedó en desuso.

Nos referíamos altri tempi a las actividades de extracción y procesamiento de la materia prima disponible en la naturaleza, con fines de obtención de energía y de manufacturación de insumos industriales o de productos elaborados de consumo. Hoy corren tiempos distintos en el uso del lenguaje para definir la emergencia.

Hay una preocupante acumulación de conceptos que pretenden, de aquí en más, tratar de alarmar sobre la gravedad inusitada a la que hemos llegado agrediendo al ambiente. Es que hemos sobrepasado el límite de subsistencia y a diario son incontables las especies vivas que agonizan o directamente ya han desaparecido. A no dudarlo, es un diagnóstico muy preocupante y la palabra “ecocidio” resume toda la idea. ¿Podemos remediarlo?

Sólo basta recorrer internet y los largos panegíricos que se extienden, no sin antes responsabilizar a los enemigos de turno. Lo extraordinario es que ningunas de las izquierdas o derechas están a salvo de que, habiendo llegado al poder político, echen mano a los recursos naturales que antes, supuestamente, protegían. Es así como podemos identificar una subliminar hipocresía que desacredita la lucha de los millones de habitantes de este planeta por defender la Pachamama.

Permítanme decir que, a simple vista, hay un exceso de diagnósticos. No se contradicen en su esencia. Crecen en escalada fruto de inagotables investigaciones científicas. Y el Derecho no le va a la zaga. Pero el problema de esta Ciencia Social es que, por regla general, siempre llega detrás de las crisis que provocan nuestros saltos tecnológicos. Basta con leer los reclamos desesperados de regulación de aquellos que invirtieron en criptomonedas, una sustancia volátil que justamente se jactaba de existir más allá de cualquier regulación legal. Si nos referimos a Gea, ni que decir.

Lo grave son las consecuencias de ir por detrás de los fenómenos productivos que aceleran la destrucción y la crisis ambiental. Hay extensos trabajos en materia de Derecho Ambiental, profusos en medidas sugeridas a los Estados. Pero no son efectivas. El Derecho demuestra ser inhábil ya que el principal inconveniente es la falta de aplicación. La impunidad harto probada en la extracción de los recursos garantiza el ingreso de divisas y genera la atracción de empresas multinacionales.

Seguramente, para ellas, la esclavitud –la del siglo XIX o la explotación de las personas con fines laborales de este siglo– no es redituable: lo es contaminar. Los controles administrativos desde los Poderes Ejecutivos del Estado no sólo son rudimentarios, son serviles. Por eso no hay ninguna referencia a los posibles delitos ambientales. Se puede pagar una multa o enfrentar una Acción Civil de Amparo de larga duración, pero no ser acusados de criminales. Mucho menos, proponer a los próximos congresos internacionales como las COP la inclusión en la agenda de la tipificación del ecocidio y sus derivaciones en otros delitos.

Los remedios ante semejante diagnóstico, donde el ciclón inversiones-corrupción-impunidad tiene consecuencias mortales para gran parte de la población, parecen no alcanzar. El llamado del papa Francisco en la encíclica Laudato Si’ es tan remoto que ni siquiera los párrocos desde el ambón la citan. Por eso, nuestro querido Pastor subió la apuesta y llama a incorporar el ecocidio como “una quinta categoría de los crímenes contra la Paz, es decir, establecer a nivel internacional aquellas conductas que implican la pérdida, daño o destrucción de la flora o la fauna”.

Desde la Academia, en los espacios de investigación científica, hay propuestas que permitirían corregir los impactos. El quid está en la aplicación. Allí es donde entran en colisión con la voluntad de los Estados. Y, sin lugar a dudas, el espacio de las ciencias jurídicas es el vínculo de ejecución. Verbi gratia, la protección del bosque nativo en la Argentina se origina, según distintos diagnósticos, como consecuencia de la primera embestida deforestadora de 1853 a 1930.

Muchas fueron las propuestas y la más concreta es la Ley de Bosques Nativos. La aseveración inmediata sería que es más que suficiente. Pues no. Se viola constantemente con la complicidad de los propios Estados provinciales (porque descansa en ellos su aplicación en el caso concreto). La norma prevé multas y sanciones administrativas que rara vez llegan a aplicarse y los sistemas de administración de justicia provincial garantizan la impunidad. Sería realmente efectiva si contuviera un capítulo con tipificaciones delictivas, un título penal con la declaración de que sea aplicada por los tribunales federales.

¿Qué impide entonces la aplicación de los “remedios” a esta situación? En primer lugar, la inexistencia de normas penales en estas leyes, como la Ley General del Ambiente o la Ley de Glaciares, si es que buscamos normas especiales de protección. En segundo término, no se advierte un desvelo por parte de las autoridades administrativas, sean nacionales, provinciales o municipales, aun ante el reclamo de los ciudadanos que, a diario, se ven vulnerados en sus derechos. Ni siquiera responden las solicitudes en el marco de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental y la respuesta es la misma: no es un delito incumplirla. Por último y finalmente, el impedimento más sustancial está en el Sistema de Administración de Justicia al que el ciudadano no tiene acceso si no cuenta con el patrocinio de algún abogado. Se aduce que no hay capacitación suficiente de los magistrados y que deberían crearse tribunales con esta competencia específica.

En definitiva, y para volver al título que origina estas líneas, tenemos miles de diagnósticos sobre el “porqué estamos donde estamos”. Contamos con algunos “remedios” que fueron “recetados” por el agravamiento de un ecocidio en marcha. Nos falta “tomar la medicina”.

Ello implica empoderarnos con los escasos instrumentos con los que contamos. ¿Cómo hacerlo? Podemos, pero será motivo de otra nota.

Gustavo Gomez Fiscal Federal

 

NEUQUEN Se sancionó la ley que alivia el impacto del impuesto a las ganancias en salarios estatales

La Cámara aprobó por unanimidad las leyes que alivian el impacto del impuesto a las ganancias en los salarios de estatales y legislativos, N°3378 y N°3379, respectivamente. Además, en la sesión de esta noche, el cuerpo sancionó la ley 3380 que habilita el uso de recursos del Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén (FEDeN) para afrontar el déficit del ISSN y/o el pago de servicios de deuda pública.El cuerpo aprobó la ley 3378, iniciativa elevada por el gobierno provincial que busca mantener el beneficio incluido en el presupuesto 2023 en relación al alivio del impacto del impuesto a las ganancias en los sueldos de los agentes de la Administración Pública. La norma ratifica las actas adenda de los CCT que incorporaron el concepto de “dedicación funcional” en la composición de las remuneraciones, concepto sobre el que no se aplicarán retenciones por la cuarta categoría.
Además, aprobó por mayoría la ley 3380 que habilita al Poder Ejecutivo a destinar recursos del Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén (Feden) a afrontar el déficit de ISSN y/o al pago de los servicios de vencimiento de la deuda pública. Y  la ley 3384 que promueve la implementación del “Alcohol Cero” en toda la provincia, a través de la modificación del artículo 10 de la ley 2178 -de adhesión a la ley nacional 24449, de tránsito- y d la creación del Programa Provincial Alcohol Cero. 

Al respecto, la diputada Liliana Murisi (MPN) manifestó que la ley “viene a constituir un reaseguro de un beneficio incorporado en el presupuesto” vigente, y destacó que abarcará a los trabajadores activos y a los jubilados. Explicó que la normativa incorpora el esquema aplicado para la deducción del impuesto que fue aplicado a los 15 CCT de trabajadores estatales. “El fin es establecer con carácter permanente” el beneficio que alivió el impacto del impuesto a las ganancias, sintetizó la legisladora.

A su turno, Andrés Blanco (PTS-FIT) dijo que desde su espacio político se advirtió sobre la necesidad de aprobar una ley específica, más allá de la incorporación del beneficio en el ejercicio financiero 2023 y reivindicó la lucha de los trabajadores para erradicar definitivamente el impuesto porque “el salario no es ganancia”.

Igual tratamiento alcanzó la medida de similares características que hace lo propio con el salario de los agentes del Poder Legislativo, ley 3379. 

Uso de recursos del FEDeN para afrontar el déficit de ISSN y la duda pública

La Cámara, además, aprobó por mayoría la ley 3380 que habilita al Poder Ejecutivo a destinar recursos del Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén (Feden) a afrontar el déficit de ISSN y/o al pago de los servicios de vencimiento de la deuda pública.

Al recinto arribaron tres despachos de la comisión de Hacienda, y finalmente fue sancionado el de mayoría, que contempla la redacción original de la propuesta elevada por el Ejecutivo provincial, en particular en el destino de los fondos: tanto al ISSN como a la deuda pública, a diferencia de los otros dos de minoría que eliminaban la posibilidad de afectar los fondos para hacer frente a los vencimientos del endeudamiento provincial.

La ley alcanzó 23 votos aportados por los bloques del MPN, Juntos, Siempre, UP-FR, MAV, Avanzar, CC-ARI, PDC, Movimiento Auténtico y de JC de Leticia Esteves, Ayelén Quiroga y Luis Aquín; y del FT de Mariano Mansilla y Gonzalo Bertoldi. Al obtener la mayoría de votos tal despacho, los dos de minoría no se pusieron en consideración, sobre los que se habían pronunciado sus autores – las bancas del PTS-FIT y FIT por un lado, y parte del bloque del FdT, por otro-.

Desde el oficialismo, Murisi remarcó “la excepcionalidad” de la medida, la importancia de la ley en tanto “es una solución sostenible a corto plazo para el déficit” de la caja previsional y remarcó que el uso de los fondos para el pago del endeudamiento “está condicionado” a que el costo de deuda resulte superior al rendimiento de los recursos administrados por el Fondo.

Por otra parte, la legisladora cuestionó la reciente medida del Banco Central que limita el acceso a dólares a las provincias para el pago de prontos vencimientos de deuda en dólares, situación que -según dijo- se incorporó al texto de la ley. “No lo estamos enterrando, lo estamos postergando”, sintetizó en relación a las expresiones del arco opositor que calificaron de “defunción” del Fondo la sanción de la norma.

En efecto, el diputado Darío Peralta (FdT) cuestionó que en menos de un mes se apruebe una ley que elimina otra que llevó siete meses de trabajo y explicó que la propuesta de su bloque destina un 40% al desequilibrio del ISSN y el resto a subsidio de transporte público, loteos sociales, salud y educación.  

A su turno, César Gass (JC) coincidió en que la ley representa la caducidad del Feden y pidió evitar que se arribe a un “déficit estructural”, al tiempo que cuestionó la administración provincial de las finanzas y la falta de control que tendrá la reasignación de recursos del Fondo.

Por otro lado, tanto Lucas Castelli (Avanzar) como Leticia Esteves (JC) se inclinaron a favor del despacho por mayoría. Castelli pidió “dotar de herramientas al ISSN y no de poner palos en la rueda” y Esteves destinar “recursos cuando hay un déficit estructural” a pesar de constituir esta ley “un parche”.

Carlos Coggiola (PDC), que también votó a favor, recordó que su banca no aprobó el Feden por no coincidir en la conformación de un banco de ahorro mientras que la provincia acarrea crisis de distinta índole.

Finalmente, Mariano Mansilla (FdT) fundamentó su acompañamiento en tanto la ley representa la posibilidad de “un salvataje” de las cajas de los jubilados y los trabajadores estatales.

Los debates fueron presenciados por dirigentes e integrantes de los gremios ATEN, UPCN y SIPROSAPUNE desde la barra del recinto.

Otras sanciones

Asimismo, el pleno sancionó la ley 3381 que se declara patrimonio histórico al edificio del Teatro San José, ubicado en San Martín de los Andes; e hizo lo propio con la ley 3382 que aprueba el Título III del CCT Sectorial de la Dirección Provincial de Aeronáutica, y con la ley 3383 que aprueba la adenda a la ley 3373, “Convenio colectivo de trabajo para el personal dependiente de la Administración pública” que readecúa condiciones para personal del ISSN.

Además, se aprobó la ley 3384 que promueve la implementación del “Alcohol Cero” en toda la provincia, a través de la modificación del artículo 10 de la ley 2178 -de adhesión a la ley nacional 24449, de tránsito- y d la creación del Programa Provincial Alcohol Cero.

El cuerpo se reunió a las 1 8.10 en la 6° sesión ordinaria y a las 0.30 en la 7°, ocasión en la que se sancionaron las leyes durante su tratamiento en particular. Fue presidida por el vicegobernador Marcos Koopmann y contó con la participación de 34 legisladores y legisladoras. El orden del día contemplaba otros tratamientos, que serán tratados en la sesión de fin de mes, según una moción del oficialismo aprobada por el pleno.

RIO NEGRO Grave perjuicio para las provincias

No obstante en la actualidad hay 14 provincias con bonos en dólares en circulación: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego, y la Ciudad de Buenos Aires y a pesar de esto, el 6 de junio el Banco Central comunicó que las provincias que tienen vencimientos de títulos de deuda en moneda extranjera podrán acceder al mercado oficial cambiario solo para adquirir un monto equivalente al 40% del monto de capital total a pagar, por lo que deberán usar moneda extranjera que tengan en su cuenta o generar su propia financiación para el 60% restante para cumplir con sus obligaciones.

Esta medida que obliga a afrontar el 60% de lo adeudado, con fondos propios o reestructurando su bono con un plazo máximo en promedio de dos años, todo esto con un fuerte perjuicio para las provincias, es discriminatoria y antifederal, atentando contra el normal desarrollo y las autonomías de las provincias.

Es en este marco de preocupación por el notable perjuicio a la seguridad jurídica, que además quita toda previsibilidad a las provincias, es que la Legisladora Marcela Ávila comunica al Poder Ejecutivo Nacional “la preocupación por la Comunicación Numero A 7782 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Circular Camex 1-968: Exterior y Cambios. Adecuaciones. Que implica un grave perjuicio para las provincias”.

El crimen que desnuda un sistema político

La muerte de Cecilia Strzyzowski expone un estilo de construcción política que no resiste la exhibición pública y que el kirchnerismo ha fortalecido

Cristina Kirchner ha confesado que el sufrido objetivo del peronismo en las elecciones de este año es entrar al ballotage. Es decir: evitar la catástrofe que significaría salir tercero. En homenaje a ese propósito hasta decidió un cambio de nombre. Ahora el Frente de Todos se llama Unión por la Patria. En este contexto, en el que no hay un solo voto por arriesgar, estalló en Chaco el escándalo por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, la nuera del líder piquetero Emerenciano Sena. Antes de ir a las urnas el domingo que viene, los chaqueños comenzaron a marchar como expresión de luto y de protesta. Sena es un engranaje principal del oficialismo en la provincia. Su agrupación, Socialistas Unidos por el Chaco, se preparaba a postularlo como candidato a ocupar una banca en la Legislatura. Pero estos detalles son los que menos hay que tener en cuenta para comprender el alcance político de esa muerte. Lo más dramático es que a través de ella alcanzan a verse con demasiada nitidez los rasgos de un estilo político que se extiende por muchas más provincias y que el kirchnerismo ha fortalecido.

Cecilia desapareció el 1 de junio. Pero el sábado pasado, mientras la policía seguía buscándola, las autoridades de la provincia, en una reunión que se realizó en la Casa de Gobierno, comunicaron a su madre, Gloria Romero, que la joven estaba muerta. Es lo que relató la señora Romero ante Nicolás Wiñazki y Santiago Fioritti el martes por la noche, en el canal TN.

La última vez que se había visto a la víctima con vida fue al ingresar a la casa de los Sena acompañando a su pareja, César, el hijo del piquetero. A partir de ese momento su peripecia es conjetural. Pero truculenta. Se supone que allí la mataron, descuartizaron su cadáver y lo llevaron hacia un campo de la familia para incinerarlo. Piqueteros con campos. El abogado de César Sena explicó ayer que, ante las pruebas que le presentaron, decidió renunciar a la defensa.

Con independencia de la sórdida crónica policial, la muerte de Cecilia Strzyzowski expone un sistema que no resiste la exhibición pública. Reaparece lo que ya se había visto en Jujuy, con Milagro Sala, o en los negocios desarrollados por Sergio Schoklender a través del programa “Sueños Compartidos”: un aparato de poder económico y político edificado sobre la privatización de la acción social. Emerenciano Sena ha controlado durante años programas estatales de construcción de viviendas, escuelas, centros de recreación, al amparo de Jorge Capitanich y, antes, de Domingo Peppo, quien llegó a inaugurar un natatorio en un barrio que se llama Emerenciano Sena.

Esta urdimbre en la que se cruzan lo público con lo privado obedece a una estrategia de poder: convertir a la acción social de provincias asoladas por la pobreza en un recurso de facción, que busca instaurar un régimen de partido único.

Hay más aberraciones que aparecen a la sombra del drama de la joven Strzyzowski. La madre recibió la noticia de su muerte de labios de un policía en la Casa de Gobierno. Curioso procedimiento para una gestión, la de Capitanich, que se puso al frente del reclamo por la división republicana de poderes alentando el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Nada que no se conozca en regímenes feudales. Sin ir más lejos, Alberto Rodríguez Saá fue a buscar a su delfín en la gobernación de San Luis al Tribunal Superior de la provincia, donde el derrotado Jorge Fernández se desempeñaba como magistrado. Pasión por el lawfare.

Capitanich, que soñaba hasta hace poco beneficiarse del dedo de Cristina Kirchner como integrante de la fórmula presidencial, debió imprimir ayer un mínimo de decoro en esa escena impresentable. La desgraciada muerte de Cecilia, según muchos indicios a manos de la familia del socio piquetero del gobernador, terminó de incendiar la provincia a días de unas elecciones a las que el peronismo chaqueño concurre fracturado. Para mostrar interés en el esclarecimiento del caso, Capitanich instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos a que intervenga en la causa. Y aclaró que la investigación la lleva adelante el fiscal. No la Policía que comunicó a Gloria Romero la muerte de su hija.

Por suerte ayer habló Capitanich. Su silencio comprometía más y más al oficialismo nacional. En esa fuerza se ensayan mil recursos para evitar el derrumbe electoral. Hasta ahora Cristina Kirchner y su feligresía negaban a Alberto Fernández y su malhadada administración. Pero desde anoche empezaron a negarse a sí mismos. Como si recurriera a la vieja sabiduría cabalística, el Frente de Todos cambió de marca para llamarse Unión por la Patria. Lo sabe bien el Presidente: es el ardid típico de compañías de seguros enfrentadas a un quebranto insuperable. El rebranding recuerda también aquella anécdota atribuida a un prestigioso periodista radial al que la esposa había descubierto in fraganti en su enésima aventura fuera del matrimonio. Acorralado por lo inocultable, sólo atinó a argumentar: “No soy yo”. Se le habían acabado las coartadas.

La vicepresidenta había ya ensayado algunas maniobras retóricas para tomar distancia de su “gólem”. Como cuando dijo, refiriéndose a estos cuatro años de gobierno, “este partido no se jugó”. Indigno de participar de la nueva aurora, el Presidente será en adelante, en el plano simbólico, el solitario líder de esa estatua de sal recordada como Frente de Todos. Fantasías a las que recurre la impotencia.

A la batalla nominalista sigue en estas horas la disputa reglamentaria. ¿Qué porcentaje de votos hay que obtener en la primaria para integrar la lista definitiva del frente? El kirchnerismo bonaerense pretendía ayer que ese piso fuera del 40%, en una negociación que llevaban ayer adelante Máximo Kirchner y Alberto Pérez, el principal gerente de Daniel Scioli, que pedía 20%. Se terminó fijando en 30%, lo que da derecho al perdedor a introducir un candidato en el quinto lugar. Una curiosidad: en la Capital, donde es minoría, el kirchnerismo pedía un piso generosísimo del 15% para la lista de legisladores locales. Mucho más bajo que el que reclamaba Scioli.

Las conversaciones produjeron irritación, sobre todo por la insinuación Aníbal Fernández de pretender llevar la controversia a la Justicia. Justo cuando la vicepresidencia se considera proscripta. Un kirchnerista gracioso decía anoche: “Parece aquel personaje del ‘Chavo’ que tenía un latiguillo: ‘Acúsalo con tu mamá, Quico’”. También a los seguidores de la vicepresidenta les molestó otra versión, lanzada desde la Casa Rosada, según la cual el diputado Kirchner quería vetar la participación de Parte, el partido del Presidente, en la nueva coalición. La inclusión de ese partido había sido acordada por Kirchner y Juan Manuel Olmos, la noche del martes a última hora. Hoy Olmos es una pieza clave del PJ, por su habilitación, casi exclusiva, para dialogar con todos los actores.

Anoche, en queja por las pretensiones kirchneristas, algún chistoso ironizaba diciendo que la nueva agrupación se llama “Unión por El Patria”. Cambio de piel, cambio de género. Más cruel fue el sarcasmo de llamarlo “Unión por la Plata”, surgido de las entrañas del macrismo. Alberto Fernández ayer ironizó sobre las restricciones porcentuales de sus adversarios: “Cuando yo quería competir me pedían que me bajara porque era imposible plantear una PASO al Presidente. ¿Y ahora no las quieren?”. Si algo no tolera Fernández es la incoherencia.

Mientras se discutían estas reglas, las candidaturas fueron decantando. Este miércoles por la noche parecía confirmarse que Axel Kicillof se postulará para la reelección en la provincia de Buenos Aires. En cambio, la identidad del aspirante a presidente siguió siendo una incógnita. Una evidencia de esa indefinición es que desde la izquierda kirchnerista se mantuvo la presión sobre Cristina Kirchner para que no bendiga a Sergio Massa. O, dicho de otro modo, para que señale a Eduardo “Wado” De Pedro. Alicia Castro, desde Soberanxs, denunció las maniobras de Massa para despegarse del Presidente. Mañana esta agrupación se reunirá para endurecer estas críticas. Juan Grabois, por su lado, insistió con que sólo se alineará con lo que disponga la señora de Kirchner si promueve a un candidato “de la generación diezmada”, que es un modo de decir “De Pedro”. Como es sabido, Massa no está para ser diezmado, sino para diezmar.

El ministro de Economía se ufanaba ayer de que el índice de inflación haya refutado los vaticinios de los economistas. La de mayo aumentó 7,8% respecto de abril. Es decir, menos que el 8,4% que había subido en abril respecto de marzo. Los pronósticos hablaban de 9%. Es envidiable Massa. Tiene siempre motivos para estar contento. Anualizado, el nuevo índice habla de una inflación del 114,2%. Otra decepción con la que el Gobierno mortifica al Presidente, quien ayer afirmó que “no se puede vivir con una inflación del 100%”. Maldita guerra.

Para entender la dinámica económica, los candidatos de la Casa Rosada abrevan en el exministro Martín Guzmán. Ellos creen que la gestión del exministro va mejorando a medida que se prolonga la de Massa. Guzmán, interlocutor de Scioli, podría alegar que la inflación era del 3,9% antes de que Máximo Kirchner renunciara a la presidencia del bloque. También puede decir que Massa la hizo bajar de 7% a 4,9% en diciembre, para después perderla de control hasta el 7,8% de ayer.

Los que conocen la intimidad de la política antiinflacionaria de Economía aseguran que en el índice de ayer gravitó mucho la intervención de facto del Mercado Central, ejecutada por Raúl Díaz, quien llegó a la institución con el camino allanado por una oportuna inspección de la Aduana. Un esfuerzo por dominar los precios de las verduras y hortalizas que habían tenido un efecto nefasto en el índice de abril.

Massa ahora tiene que hacer frente al desafío más exigente: conseguir que el Fondo Monetario Internacional adelante los desembolsos previstos hasta fin de año. Casi nadie cree que pueda conseguirlo sin disponer de una devaluación mayor de la moneda. Es el abismo al que no quiere asomarse Cristina Kirchner.

La incógnita por las candidaturas permite calibrar el poder que la vicepresidenta sigue teniendo dentro de su agrupación. Ayer todos los partidos integrantes de Unión por la Patria firmaron su adhesión sin conocer la identidad de los postulantes kirchneristas. En la Casa Rosada se burlaban: “Al final, somos los únicos que tenemos un candidato firme. ‘Pichichi’”, como llaman al embajador en Brasil.

La inscripción de los frentes puso de manifiesto también las principales inquietudes de Juntos por el Cambio. El dato principal es que Juan Schiaretti presentó “Hacemos nuestro país”, la formación con la que, en teoría, competirá por la Presidencia. Es un desafío para Horacio Rodríguez Larreta, que lo soñó asociado a Juntos por el Cambio. Schiaretti ahora amenaza con quitarle votos potenciales a Larreta en las primarias, que funcionan como una elección general, en la que cada candidato puede aspirar a los electores de otras fuerzas. Nada que sorprenda: suelen ser los resultados de los experimentos de Guillermo Seita, infalible en proveer lo contrario de lo que promete. Ahora el empeño de Larreta es negociar con Schiaretti el modo de su participación en las primarias. El calendario es endiablado: si el cordobés desiste de postularse, debería hacerlo el próximo 24, en la víspera de las elecciones cordobesas.

Larreta imagina cada vez menos a Schiaretti como vice. Debe definirse entre Gerardo Morales o Facundo Manes. Morales es un aliado de Martín Lousteau. Por lo tanto, la alianza Larreta-Morales, que ya se manifestó en la discusión sobre Schiaretti, se proyecta sobre la interna porteña. ¿Puede Larreta apoyar a Jorge Macri, que es un aliado expreso de Patricia Bullrich? ¿Puede Larreta apoyar a Lousteau, que pertenece a otro partido? Los radicales pretenden liquidar ese dilema incorporando a un dirigente del Pro a la fórmula encabezada por Lousteau. Sería Emmanuel Ferrario, presidente de la Legislatura. Larreta cavila. No se anima todavía a la jugada. Jorge Macri intenta neutralizar la aproximación del jefe de Gobierno a los radicales con el armado de una mesa de campaña en la que están representadas todas las expresiones porteñas del Pro. También el larretismo.

Así como la discusión por los porcentajes fue muy tensa entre los peronistas bonaerenses, también fue durísima en Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires. Allí Jorge Macri pretendió imponer un porcentaje muy elevado como piso para introducir diputados en las listas. El acuerdo terminó en una escala según la cual la lista que, saliendo segunda, obtenga menos del 25%, se integrará recién en el 6º lugar. Un intento de desalentar la candidatura de Ricardo López Murphy, que quita votos a Macri, sobre todo entre quienes lo ven como un forastero: fue hasta hace dos semanas intendente de Vicente López en uso de licencia. Mauricio Macri, que es a quien Jorge debe su carrera porteña, hizo todo por convencer a Patricia Bullrich de retirar la candidatura de López Murphy. Hasta se le sugirió que le ofrezca la vicepresidencia. Bullrich no quiso o no pudo. Este miércoles, su fórmula estaba a punto de integrarse con Carlos Melconián, de quien se espera que le aporte discurso económico. A propósito de Bullrich: ¿será conveniente para su perfil el video que la muestra conduciendo un auto deportivo a 200 km por hora, como una desaforada, pasando por encima de todo lo que debe combatir?

A última hora de la noche el acuerdo con Melconián no se había oficializado. Por eso la conducción del radicalismo bonaerense no declinaba sus expectativas por una fórmula Patricia Bullrich-Maximiliano Abad. Este acercamiento obedece a un factor poderosísimo: la enemistad entre Abad y su mentor, Jesús Rodríguez, con Emiliano Yacobitti, el líder de la UCR porteña y padrino de Lousteau. Esa animadversión, que se prolonga a través de varias reencarnaciones, organiza las relaciones de los radicales con el mundo.

De la misma manera, la vida íntima del Pro se automatiza alrededor de un duelo de liderazgo: Mauricio Macri contra Larreta. La última manifestación de esa contienda apareció en un, en apariencia, inocente mensaje de TikTok. Es el que lanzó Larreta, simulando una sesión psicoanalítica. Tendido sobre el diván, observa las figuras que el terapeuta le va mostrando en sucesivas láminas. Cuando aparece la de Gaturro, obvia combinación de gato y turro, confiesa no identificarlo. Sólo después de un esfuerzo recuerda de quién se trata. Macri, el “Gato”, sigue anotando.