NEUQUEN

COMUNICADO DE PRENSA ATEN CAPITAL

OBRAS QUE EL GOBIERNO NO TERMINÓ Y OTRAS QUE NI COMENZÓ

En el día de la fecha realizamos una reunión para abordar la temática de responsabilidad civil con las y los compañeros y compañeras trabajadoras de la educación de las escuelas 201 y 61.

La Escuela 201 está en obras y con una habilitación que realiza el CPE un poco flojita de papeles. La realidad es que el gobierno no terminó aún los arreglos comprometidos y pretende que la escuela funcione como si nada ocurriese. La historia ya nos enseñó que no es compatible una obra en construcción con una escuela en funcionamiento.

El gobierno actúa como lo hizo durante la pandemia y pretende obligar a asistir presencialmente a clases sin las condiciones seguras. Así explotó la Esc de Aguada San Roque y se llevó la vida de Monica, Mariano y Nicolás.

En la Escuela 201 exigimos condiciones seguras, habilitación con la firma de los responsables que garanticen condiciones y plan de evacuación para extremar medidas de precaución.

En la Escuela 61 no existe obra en marcha, pero eso no significa que todo este en condiciones.

En el 2022 veíamos como el Ministro Llancafilo en el acto del aniversario que festejaba el centenario de la institución, prometió la construcción del playón para que los niños y niñas estén en patios seguros y puedan realizar sus clases de educación física. Todos versos y promesas falsas.

Las fotos muestran el estado del patio y del playón. La promesa del ministro se convirtió en un parche que es una trampa mortal para las y los estudiantes.

En estas condiciones, con el aislamiento que han realizado, el peligro es latente. No han garantizado ni la limpieza de los patios,no les interesa la educación!!

Vamos a organizar en cada escuela a toda la comunidad educativa para exigir condiciones seguras para enseñar y aprender!!!

Hay plata en la provincia, que la destinen en educación !!!

 

ENTRE RIOS

Urribarri: demasiado dinero, muy poca vergüenza

Es indignante que el exgobernador entrerriano condenado por corrupción, además de percibir una jubilación millonaria, pretenda volver al poder

Gracias a la fórmula de movilidad aprobada a fines de 2020, las subas de haberes jubilatorios acumularon en 2022 apenas un 72,48%, claramente por debajo del aumento de precios medido por el Indec, que fue del 94,8%, con una ostensible pérdida en el año de su poder adquisitivo. No hay bono que valga. Sin programas serios, los casi seis millones de jubilados y pensionados siguen siendo una tan sufrida como injusta variable del ajuste.

Unos tanto y otros tan poco, podríamos reflexionar cuando comparamos el haber mínimo que hoy cobra la mayoría de los jubilados con lo que percibe, por ejemplo, la vicepresidenta de la Nación, habilitada a cobrar una doble pensión vitalicia, como expresidenta y como viuda de un exmandatario, que superaría el valor de 100 jubilaciones mínimas. Otra de las bien llamadas jubilaciones de privilegio por sus escandalosos montos cuyas huestes de beneficiarios no paran de crecer.

La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos –con un déficit que rondó los 48 millones de pesos en 2022 y que se estima en 62 millones para el año en curso– confirmó días pasados la jubilación ordinaria común para Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por desviar fondos del Estado durante su mandato como gobernador. Hablamos de un haber de unos dos millones de pesos mensuales, con el 82% móvil, para quien también fue legislador provincial y embajador en Israel. Urribarri pasa a ser el exgobernador entrerriano beneficiario del mayor monto previsional.

En su tiempo libre, el flamante jubilado se dedica a hacer giras proselitistas por su provincia natal y no oculta su intención de ser una vez más candidato a gobernador, pese a haber sido condenado por corrupción.

La precandidata a intendenta de Paraná por Pro Ayelén Acosta criticó que “en un país donde los jubilados la pasan cada vez peor, se sostengan privilegios”. En la misma línea, el diputado opositor Pedro Galimberti habló del quebrantamiento del principio de solidaridad y señaló que se debe ir “hacia un sistema previsional de jubilaciones y pensiones máximas, que cubran contingencias de la vida de las personas y sus familias”. Sin duda, se trata de una escandalosa cuestión que urge revisar en el marco de las reformas que no pueden continuar esperando. En el caso de Urribarri, no menos grave resulta que su condición de condenado no sea una limitante para el cobro. Como oportunamente denunciamos, el por entonces oficialismo provincial había intentado grotescamente garantizar la impunidad del exgobernador y sus secuaces promoviendo el desplazamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, que pedía 12 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por “negociaciones incompatibles con la función pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La más enérgica condena de asociaciones de fiscales y colegios de abogados se había hecho escuchar.

A lo largo de más de 50 audiencias, se analizaron episodios como “El sueño entrerriano” –eslogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri a la que la Justicia entendió que se destinaron parte de los fondos malversados– y la denominada “causa del Mercosur”, en relación con contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014. Fue precisamente una Justicia que se recorta respecto de la de otras provincias bajo regímenes feudales que solo son apéndice del omnímodo poder político la que condenó valientemente al exgobernador.

“Esta es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho”, tuvo el desparpajo de argumentar en su descargo quien tardó más de la cuenta en renunciar a su condición de embajador en Israel cuando se conoció el fallo condenatorio. Su nombramiento no había sido bien recibido por la comunidad argentina en el destino dada su cercanía al ultracristinismo, profundamente denostado en Israel luego de la firma del pacto con Irán en 2013. La suya fue una más de las tantas nefastas designaciones políticas de personajes sin antecedentes ni conocimientos suficientes, agravado por tratarse de una región tan complicada y dinámica como Medio Oriente.

Si una fiscal anticorrupción como Cecilia Goyeneche, destituida precisamente por haber logrado la condena del exgobernador, cobra la mitad de su sueldo y ve peligrar su jubilación a la espera de que se defina su situación judicial, ¿corresponde que un exgobernador condenado por corrupción acceda al beneficio previsional?

Una clase política mayormente ocupada en conservar sus privilegios y abultar sus bolsillos no hace más que desafiar una y otra vez la paciencia y la mansedumbre ciudadana. Son muchos los presupuestos y los malos entendidos convenientemente instalados que debemos replantearnos en la república para terminar con los privilegios y permitir que el progreso, el desarrollo y el bienestar lleguen a todos. Sin duda, revisar las condiciones de quienes se candidatean al poder es una de las cuestiones más importantes. Por eso, proyectos de ley como los de ficha limpia y boleta única son herramientas para la transparencia y el control ciudadano que no resisten más demoras.

Premio a usurpadores

El gobierno nacional se apresta a otorgarles tierras dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi a grupos procesados por el delito de usurpación

La acción de usurpar, incendiar, robar, despedazar y desmantelar bienes del dominio público y privado merece un premio. Al menos eso parece entender el gobierno nacional frente a quienes invocan su calidad de mapuches pero no son más que delincuentes comunes. Son los que han provocado pérdidas y daños en nuestra Patagonia, en el complejo recreativo Ruca Lauquen, en el colegio San José, en el predio Hueche Ruca del Obispado de San Isidro, en el conjunto de cabañas de Gas del Estado, en las cabañas La Cristalina, La Escondida y Los Radales, e incluso en el exhotel Instituto Obra Social (IOS), que iba a convertirse en la Escuela de Guardaparques y fue desmantelado por completo para usar sus maderas y las chapas de sus techos.

El premio oficial consiste en otorgarles a quienes están procesados por el delito de usurpación –desalojados por el propio Ministerio de Seguridad del Gobierno– tierras dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi para que realicen sus ritos. Ello sucede luego de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, solicitara a la Justicia Federal de Río Negro postergar el inicio del juicio oral por el delito de usurpación contra integrantes de un grupo que se presenta como mapuche, aunque sus pares no lo reconozcan como tal, y que tomó por la fuerza tierras públicas y privadas en Villa Mascardi, muchas veces con la complicidad oficial.

Corresponde recordar que la toma de tierras comenzó en 2017, cuando una joven que por entonces tenía 16 años “recibió un mensaje sobrenatural” que le indicó que las tierras del Lago Mascardi eran sagradas y que allí debía instalarse junto a su comunidad, Lafken Winkul Mapu. Pocos días después, ella y una veintena de personas ingresaron al predio, propiedad de Parques Nacionales.

Este “mensaje sobrenatural” es el fundamento del Gobierno para entregar tierras a este grupo de delincuentes, lo que sigue despertando el desconcierto y el repudio de la junta vecinal de Villa Mascardi, expresado en un comunicado que establece que “la ilegal propuesta promovida por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y su segundo, Mariano Przybylski (director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional), desde hace dos años –basada en el fantasioso relato de la familia de delincuentes Colhuan Nahuel– se contradice abiertamente con lo afirmado por la Justicia Federal luego de cinco años de investigaciones, por lo cual la Secretaría de Derechos Humanos pretende silenciar el juicio oral, suspendiéndolo en plena ejecución mediante una inadmisible intromisión que viola la división de poderes, base de la República Argentina”. La propia junta vecinal reclama a la Administración de Parques Nacionales (APN) “abstenerse de tomar las ilegales medidas promovidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, instar al Tribunal Oral de General Roca a continuar a la brevedad el juicio por usurpación en curso, reclamar la plena posesión de sus propiedades de dominio privado y público y recuperar el pleno ejercicio de sus funciones que ha dejado de ejercer en la zona desde hace más de cinco años”.

Este parece ser el resultado de las “mesas de consenso” desplegadas por el gobierno nacional y sostenidas por el propio presidente Alberto Fernández, a las que no fueron convocados ni las verdaderas comunidades mapuches que conviven en paz e integradas a la sociedad en Bariloche ni los propietarios de los predios usurpados.

Solo participaron quienes se apropiaron del territorio invocando la “sacralidad” de un lugar donde nunca antes estuvieron. La tan insólita como irritante propuesta de Pietragalla incluye la construcción de un “consultorio” para la “líder espiritual” y viviendas para albergar a los miembros de su familia.

La sociedad argentina está harta de que las propias autoridades se burlen de sus ciudadanos respetuosos y apoyen a grupos violentos que usurpan y queman propiedades, además de conspirar contra la soberanía nacional. Incluso se sospecha que los actuales incendios en el Parque Nacional Los Alerces han sido provocados por integrantes de este grupo de delincuentes que el Gobierno pretende favorecer con propiedades y consultorios espirituales. Es hora de que la Justicia cumpla con su tarea y castigue a quienes delinquen y a los integrantes de los distintos niveles del Gobierno que son cómplices de sus acciones.

El sueño de una Justicia propia

El ataque del oficialismo a la Corte Suprema deriva de su resistencia a aceptar su independencia frente a fallos que contrarían sus fines

ESCUCHAR

El 4 de junio de 1946, Perón expresó a la Asamblea Legislativa: “En lo que a mí hace, pongo el espíritu de justicia por encima del Poder Judicial… entiendo que la Justicia, además de independiente, ha de ser eficaz, y que no puede ser eficaz si sus ideas y sus conceptos no marchan a compás del sentimiento público”. Poco tiempo después, se concretaría por primera vez un juicio político para destituir a la mayoría de los miembros de la Corte Suprema. Los nuevos cortesanos designados fueron todos abiertos simpatizantes del Partido Justicialista. Atrás quedarían la idea y el ejemplo de Mitre de conformar una Corte independiente. Para disipar toda sospecha de parcialidad en su integración, Mitre había propuesto para cubrir las vacantes a juristas extraídos de las filas de sus adversarios políticos.

En 1949, el justicialismo promovió la reforma de la Constitución nacional. Una de sus nuevas cláusulas exigía que el Senado volviera a otorgar acuerdo a los jueces en funciones, quienes obviamente ya contaban con él. Ello abrió la puerta a una nueva purga, que desembocó en la no confirmación de decenas de jueces nacionales y federales. La intención del gobierno de entonces era manifiesta: buscaba controlar íntegramente el Poder Judicial removiendo a aquellos jueces que no gozaran de su simpatía y designando en su lugar a otros que no desentonaran con las ideas justicialistas. Lo logró: al tiempo que produjo un cambio de paradigma judicial, repobló los tribunales con decenas de adeptos. A partir de entonces, los jueces “acompañarían” las decisiones del gobierno. Ya no se dictarían sentencias que pusieran en tela de juicio medidas del Ejecutivo o del legislador.

Tanto el juicio político como la reforma de la Constitución se llevaron adelante contra la opinión de una importante porción de la sociedad y de sus representantes en el Congreso. Sin embargo, el gobierno de Perón no sintió la obligación de atenuar sus embates buscando acuerdos políticos que permitieran hallar algunos puntos de coincidencia en aras de contribuir a la convivencia pacífica. Sin acuerdos ni concesiones, obtuvo todo lo que se propuso y lo que las mayorías legislativas le permitieron.

Años más tarde, y vueltos al gobierno, en 1973, debían reemplazar a todos los miembros de la Corte Suprema, designados por el gobierno de facto precedente. Una vez más, fueron confirmados simpatizantes del partido. Al mismo tiempo, promovieron una ley jubilatoria que los habilitó a desembarazarse de un altísimo porcentaje de jueces nacionales y federales, al permitirles el retiro de manera anticipada, abriendo la puerta a numerosas designaciones en la Justicia. Menem tampoco resistió la tentación y una de sus primeras medidas de gobierno fue ampliar el número de integrantes de la Corte. Nuevamente, la mayoría de los designados serían elegidos de entre sus filas.

Tal como se puede apreciar, el paradigma de una Corte Suprema que acompañe las medidas del gobierno, intérprete del “sentimiento público”, forjado en los años cuarenta, es uno de los ingredientes que hoy está en la base del disparatado intento de juicio político a todos sus miembros, para cuya aprobación el oficialismo kirchnerista busca seducir a terceras fuerzas en la Cámara de Diputados.

En muchos casos, algunos relevantes, la Corte ha fallado a favor de los intereses del Gobierno. En otras causas importantes, el tribunal ha dado muestras de no estar dispuesto a “acompañar” ciertas medidas contrarias a la Constitución o a la ley, y esto al Presidente, a la vicepresidenta y a algunos legisladores les resulta intolerable. No piensan ni están dispuestos a soportar algo tan básico como que pueden existir distintos modos de ver un mismo problema y que cuando se den esas situaciones el sistema constitucional vigente imponga acatar esas sentencias. Eso está fuera del paradigma.

Como consecuencia de esta concepción, primero, intentaron vencerlos moralmente a partir de viles diatribas, ofensas, suspicacias y amenazas dirigidas personalmente a cada uno de los ministros.

Dado que esas provocaciones no fueron eficaces, dispusieron esta última arremetida, instando a parte de su tropa a avanzar con el pedido de juicio político. Esta facción, irresponsablemente, así procedió.

Proponer la destitución de todos los jueces de la Corte, en bloque, siempre es una medida arbitraria por varias razones. En primer lugar, el cinismo del juicio a la Corte en 1947 dejó una huella indeleble. Pero, aun sin considerar ese antecedente, todo intento de enjuiciamiento político masivo también despierta dudas y sospechas, porque es difícil imaginar que todos, al mismo tiempo, vayan a estar incursos en alguna de las causales que habilitan la destitución. En el caso actual, esa demostración es prácticamente imposible.

En segundo lugar, si la investigación, además, es instada exclusivamente por las huestes del oficialismo –sin la participación de la oposición–, inevitablemente excluirá a una porción importante del electorado que verá con desconfianza ese golpe, al que se oponen con vehemencia sus representantes. Y eso es precisamente lo que también ocurre en este caso. Parece una obviedad pensar que una medida de esta gravedad debe ser acompañada por una mayoría política que no excluya a la oposición en bloque. Su participación es clave para alejar la idea de que se ataca la independencia de la Corte Suprema y para suscitar confianza en quienes, sin tener especial versación en la materia, eligen apoyarse en la posición asumida por los representantes de su preferencia.

En tercer término, y vuelta la mirada ahora sobre las causales, si no surge con claridad que los jueces han incurrido en una o varias de ellas, el juicio no puede tener andamiento. Por ejemplo, en el presente caso, no existen imputaciones serias de mal desempeño, sino reclamos por sentencias contrarias a los intereses defendidos por el Gobierno. Y esa razón, como recientemente ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nunca puede justificar la imputación por mal desempeño. Ese argumento solo revela que los legisladores que peticionan este juicio, fieles al paradigma nacido en los años cuarenta, quieren sustituir sus preferencias por el juicio de la Corte.

El Gobierno está concentrado casi con exclusividad en este juicio. Ninguno de los acuciantes problemas que afectan a la sociedad figura entre sus prioridades, a pesar de los altísimos niveles de pobreza, inflación galopante, fuga de jóvenes y de familias que buscan horizontes más confiables, desinversión y un largo etcétera. Pero los obsesiona la idea de destituir a los jueces de la Corte Suprema.

No puede el juicio prosperar más allá de lo que haga la comisión, donde el kirchnerismo, sumando a los legisladores agrupados en derredor de Sergio Massa, posee mayoría. De lograr un dictamen favorable de comisión, este habrá de ir al pleno de la Cámara de Diputados, donde hasta ahora no existen suficientes legisladores que vayan a apoyar la acusación de los jueces supremos. Es decir que todo este enorme dispendio de energías y de tiempo solo habrá servido al distractivo propósito de levantar sospechas infundadas respecto de los jueces involucrados y de su honorabilidad, quienes con seguridad saldrán fortalecidos. Es de esperar que no solo los legisladores de la principal oposición, sino también aquellos pertenecientes a las terceras fuerzas, impidan que el oficialismo pueda avanzar con esta vil maniobra. Sin una Corte y sin jueces independientes, la vida, la honra y la libertad de todos los argentinos quedarán a merced de las preferencias y caprichos del poder de turno.