Programa Sin Fronteras 24 de marzo de 2023

El kirchnerismo recurre a la censura

La prohibición de la presentación de un libro en la Biblioteca del Congreso por razones ideológicas puso de manifiesto la intolerancia del oficialismo

La estafa con los desaparecidos en la biblioteca del Congreso de la Nación, autor Jose Dangelo, periodista.

Resulta tan lamentable como insólito que, en vísperas de celebrarse 40 años de vida democrática en la Argentina, tengamos que seguir asistiendo a casos de censura que nos remontan a las etapas más oscuras de nuestra historia.

Días atrás, debía desarrollarse, en la Biblioteca del Congreso de la Nación, la presentación del libro La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones, del periodista José D’Ángelo, a quien iban a acompañar Alberto Asseff y Rosendo Fraga. Poco antes del acto, que estaba programado con suficiente antelación, y –según denunció el autor de la obra– por orden de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el encuentro fue suspendido.

El libro censurado exhibe una exhaustiva investigación periodística sobre graves irregularidades en el pago de indemnizaciones a supuestas víctimas del terrorismo de Estado. Su autor revela numerosos casos concretos en los cuales se habrían pagado sumas millonarias a personas que no habrían sido objeto de la represión ilegal, sino que habrían muerto en la ejecución de ataques contra objetivos policiales o militares, o que habrían sido ejecutadas por las propias organizaciones guerrilleras a las que pertenecían. Todas esas presuntas irregularidades han sido comunicadas por D’Ángelo a la Justicia y están siendo investigadas en una causa abierta, que se halla a cargo del juez Ariel Lijo.

Indigna que en una repartición pública, como una de las más importantes bibliotecas del país, que por su esencia debería estar abierta a todas las opiniones en un marco de pluralismo, se haya prohibido la presentación de un libro.

Mucho más indignante resulta que algunos legisladores nacionales que deberían representar al pueblo motoricen la censura, en lugar de exigir una rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de los posibles responsables de las irregularidades denunciadas.

¿Cuál debería ser la actitud de los diputados del oficialismo frente a la difusión de actos públicos que los incomodan? ¿Procurar el silenciamiento de los denunciantes o pedir, como correspondería, los debidos informes al Poder Ejecutivo Nacional para que se brinden, con urgencia y transparencia, las necesarias explicaciones frente a la presunta malversación de fondos del Estado nacional denunciada en la obra?

Los montos involucrados serían enormes, si se tiene en cuenta que algunas indemnizaciones representan el equivalente al sueldo más elevado de la administración pública nacional multiplicado por 100 y que, según D’Ángelo, rondarían unos 8000 pagos efectivizados hasta diciembre de 2022.

Lamentablemente, quienes desde el Poder Legislativo deberían velar por la transparencia y por la libertad de expresión como principios esenciales de nuestro sistema republicano y democrático, han pretendido reinstaurar, como en las peores épocas de la Argentina, la creencia de que el poder político goza del derecho a la censura, en aras de un pensamiento único, retrotrayéndonos al totalitarismo.

Dos miradas sobre el pasado más violento

Parece una coincidencia, y acaso lo sea, pero ya en el otoño del kirchnerismo, dos libros casi flamantes plantean la revisión del pasado violento de la Argentina en los años 70, pasado al que el Gobierno intentó reescribir con una épica propia y falseada. Es un pasado perturbador e incómodo al que el Gobierno nunca hizo referencia en su declamada visión de la época y que nunca fue investigado en profundidad por diferentes motivos; el principal, porque involucra a Juan Perón y a su heredera, María Estela Martínez, en la sangre derramada, que fue mucha, entre 1970 y 1976, antes del “Proceso”. Segundo, porque en esa violencia desatada fue evidente la participación de bandas armadas de la ultraderecha y también el aporte generoso que a ellas hicieron los poderosos sindicatos de la época, enfrentados con la izquierda peronista enraizada en la juventud, con los sindicatos llamados clasistas y con la guerrilla peronista y trotskista. Tercero, porque revisar aquel pasado de violencia en democracia desnudaba los errores de Montoneros y ERP, que no dieron tregua alguna a aquella democracia recuperada. Y cuarto, porque era más simple, lo que es cierto, y más justo, que no es cierto, tomar como punto de partida del terrorismo de Estado al 24 de marzo de 1976.

Eso se desprende de la lectura de “Perón y la Triple A – Las 20 advertencias a Montoneros”, de Sergio Bufano y Lucrecia Teixidó, y de “El Descamisado – Periodismo sin aliento”, de Ricardo Grassi (ambos editados por Sudamericana) que se animan, con éxito, a quebrar un silencio de cuarenta y cinco años. Bufano y Teixidó fueron militantes de izquierda en aquellos años y Grassi dirigió entre 1973 y 1974 “El Descamisado” y las publicaciones que, por breve lapso, le siguieron cuando fue clausurado.

Cuarenta y cinco años de silencio son muchos años de mucho silencio. Son los que pasaron desde el asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu a manos de Montoneros, desde el regreso y la muerte de Perón y desde el desmadre de la banda terrorista Triple A, que operaba inorgánica en tiempos del General bajo la batuta del todopoderoso ministro de Bienestar Social, José López Rega.

El retrato de aquella época es no sólo el de una violencia descarnada sino el de una gigantesca impostura, disfrazada de habilidad política, que ejercieron todos los protagonistas con despiadada fiereza. Perón, que apostaba a domar a sus muchachos con un discurso y que proclamaba ser prenda de paz de la Argentina, prohijaba de alguna forma, si no lo impulsó, y Bufano y Teixidó sostienen que sí lo hizo, un terrorismo de Estado destinado a eliminar de su movimiento todo rastro de ideas de izquierda. La hostilidad de Perón hacia Montoneros y hacia la juventud peronista de la llamada Tendencia, inquebrantable desde el asesinato de José Rucci, era evidente y sus condenas a la violencia eran públicas. Pero el general guardaba silencio sobre “(…) Los asesinatos, secuestros y atentados contra la propiedad producidos por el CdeO, la Triple A, la CNU y las bandas armadas que salían de los sindicatos, todos protegidos y financiados desde el Estado”, afirman Bufano y Teixidó.

Por otro lado Montoneros, a través de “El Descamisado”, era crítico del gobierno en el que habían puesto tantas esperanzas y al que habían intentado acceder, aunque salvaban del lodo a la figura intocable de su líder. Pero mientras, planeaban el asesinato de Rucci, mano derecha de Perón en el aparato sindical, como una demostración de poder y para “negociar con el General en mejores condiciones”. 

Mientras el libro de Bufano y Teixido adjudique a Montoneros cierto “autismo” en su ciega fidelidad a Perón, el libro de Grassi, por el contrario, revela el doloroso proceso vivido por la JP: exaltación y frenesí cuando la victoria en marzo de 1973, sorpresa y recelo luego con el retorno definitivo de Perón y la matanza en Ezeiza en junio de ese año, decepción y furia cuando Perón los expulsa de la Plaza el 1° de mayo de 1974, furioso, fuera de sí y después de lanzar dos insultos, estúpidos, imberbes, que no hubiesen sido nada de no ir adosados a un tercero más hiriente todavía: mercenarios.

La muerte del Perón, la extraordinaria incapacidad de sus herederos y la decisión militar, ya tomada, de llevar adelante una matanza, hicieron de la Argentina un baño de sangre, menos aparatoso y evidente, más masivo y clandestino, a partir de marzo de 1976. La Triple A, enseñoreada en las calles, desapareció absorbida acaso por la dictadura.

“Periodismo sin aliento” vuelve sobre el asesinato de Aramburu y da nuevos y escalofriantes detalles que, lejos de echar luz sobre el caso, aumentan el recelo y la cautela que persiguen a cada uno de los diferentes relatos que se han hecho sobre el crimen. Grassi asegura que hubo un segundo tirador sobre Aramburu. Hasta hoy, el asesinato había sido cometido sólo por Fernando Abal Medina con un único disparo, según la versión que dieron a “El Descamisado”, Mario Firmenich, que no estuvo en la escena del crimen, y Norma Arrostito, que ni siquiera estuvo en la estancia de Timote donde fue asesinado Aramburu.

Grassi sostiene que fue el montonero Emilio Maza quien remató a Aramburu con otros dos balazos y habla también de un cuarto guerrillero en el sótano de la estancia, del que dice no saber el nombre y a quien menciona como “El Otro”. La existencia de “El Otro”, fue sugerida hace algunos años por fuentes ligadas a Montoneros. Por fuerza, debió tratarse de uno de los fundadores del grupo que se presentó en sociedad con el asesinato de Aramburu.

Aquellas fuentes afirmaron entonces, hace casi un lustro, que se trataba de un guerrillero que había sido muerto durante la dictadura. Pero Grassi afirma ahora que “El Otro” vive, lo describe en parte y de él toma el testimonio sobre los disparos hechos por Maza. No son muchos los sobrevivientes de aquel embrión de la guerrilla peronista. Las que abundan son las versiones sobre el asesinato de Aramburu que “Periodismo sin aliento” reitera como si se tratara de la versión original, publicada por “La Causa Peronista” en 1974, para dejar aún más preguntas.

Estas páginas apasionadas de aquellos años terribles echan luz sobre lo nunca dicho: la dictadura militar tuvo su embrión bajo el gobierno constitucional de Perón y de Isabel, embrión que, por oculto y silenciado, no fue ni menos trágico, ni menos vergonzoso en su impunidad. Hay formas y formas de reescribir la historia.

NEUQUEN COMUNIDAD EDUCATIVA RECLAMA  ESCUELAS NEUQUINAS SEGURAS LAS VOCES DE ALUMNOS, PADRES, DOCENTES Y EL GREMIO ATEN CAPITAL SIN FRONTERAS PLANTEANDO LA SITUACION DE LA ESCUELA 132, EL CPEM 40 Y LA EPA 6

Mediante un Comunicado de Prensa se referían también al EPET 14

EL GOBIERNO ACORRALADO POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA EPET 14

La comunidad educativa de la EPET N° 14 se reunió hoy en el establecimiento, a partir de una convocatoria realizada por docentes y familias para analizar como continuar con las obras inconclusas en el edificio de baños, patio, laboratorio y otros. Previamente, el día martes se autoconvocaron en el CPE donde no fueron recibidos por Director de Nivel Técnico Oscar Frazzone ni otras autoridades para atender los reclamos edilicios que presentaba la comunidad educativa. Ante esto, decidieron convocar a las familias para analizar la situación de abandono educativo que no ha permitido el inicio de clases.

Alrededor de 300 presentes en dicha reunión, una exitosa convocatoria que habla a las claras de la necesidad de que las/os estudiantes accedan al derecho a la educación. 

Se hicieron presentes los funcionarios de mantenimiento, de la empresa que realiza las Obras y el Director de Escuelas Técnicas junto con el Vocal de Nivel Medio por el ejecutivo y el vocal por la comunidad.

Las familias exigieron que den explicaciones los responsables del Cpe  de la no terminación de las obras y no los directivos que no deben dar ninguna explicación. Los funcionarios plantearon 3 propuestas, las mismas incluían trabajar con la escuela en obras, y algunas reparaciones terminarlas en el receso invernal. Estas fueron rechazadas por la Comunidad Educativa. Pretendían engañar a la comunidad planteando que una obra que no hicieron en 2 meses la van a realizar en 15 días.

La comunidad esgrimiendo fuertes críticas a los /as funcionarios y exigieron más empresas, más horas de trabajo y más empleados trabajando en más turnos.

No pudieron retirarse de la reunión sin firmar el compromiso de incorporar una empresa más para que trabaje y acelerar el final de obra que se determinó para el día 3 de abril.

Las familias quedaron en monitorear las obras, hacer un seguimiento con el informe diario de la escuela y determinaron que si el día 3 de abril no entregan la escuela con las obras terminadas tomaran medidas contra la política del gobierno que vacía la escuela pública. 

Comisión Directiva de aten capital