Programa Sin Fronteras 17 de marzo de 2023

VETERANOS DE YUDO BUSCAN LA GLORIA EN EL NACIONAL Y EL SUDAMERICANO Y POLITICOS SIN DEFENSAS SE AFERRAN CON UÑAS Y DIENTES AL CARGO ETERNO

• SALTA Femicidio de Alejandra Cardozo hallaron nuevos elementos
• SANTA FE CARSFE PIDE MÁS APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAL
• Tolosa Paz confirmó más de 1000 bajas en el potenciar trabajo en Catamarca

La peligrosa re estatización de concesiones hidroeléctricas

El proyecto de ley impulsado por legisladores del oficialismo para que las centrales hasta hoy concesionadas pasen a Enarsa es disparatado

Varias concesiones contratadas durante la gestión del presidente Carlos Menem están cerca de completar el plazo por el que fueron otorgadas. Es el caso de siete presas hidroeléctricas del sur del país concesionadas por 30 años. Este años corresponderá la terminación de El Chocón/Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Aguila, en Neuquén, y Alicurá, ubicada entre Neuquén y Río Negro. En 2025 finalizarán las concesiones de Futaleufú, en Chubut, y Cabra Corral y El Tunal, en Salta. En todos estos casos se concesionaron obras ya construidas, quedando a cargo de los concesionarios el mantenimiento, la operación y en algunos casos la realización de mejoras. El conjunto de estas centrales alcanza una potencia de 4170 MW que hoy significa un 11% del total del país, pero aumenta a un 31% si solo se incluye la generación limpia.

Estas presas, además de construcciones civiles, contienen importantes elementos electromecánicos. Una parte de ellos está cerca del fin de su vida útil y requerirá inversiones en los próximos años. En el caso de El Chocón, la antigüedad es de 50 años. En el futuro las inversiones serán necesariamente mayores que las requeridas durante los primeros 30 años de concesión.

El senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli, acompañado por los senadores del Frente de Todos por Neuquén, Chubut y Río Negro, presentó un proyecto de ley que establece que, finalizados los plazos de concesión, la administración y operación pase a Energía Argentina SA (Enarsa), con participación de las provincias en las que están ubicados los aprovechamientos. Los considerandos del proyecto de ley reflejan el desvarío y la orientación ideológica que mueve la iniciativa. Se alega con tono condenatorio que, durante los 30 años de operación privada, disminuyó la participación de la hidroelectricidad en la matriz energética. No se dice que los concesionarios recibieron centrales en operación, en las que no podía ser significativo un aumento de la potencia ofrecida. También se desconoce que el potencial hidroeléctrico está ya explotado en una gran proporción y que restan aprovechamientos de menor rentabilidad o compartidos con países vecinos. La reducción del porcentaje de generación hidroeléctrica no ha dependido de los concesionarios.

Enarsa es una sociedad anónima estatal en la que el 98% del capital pertenece al gobierno nacional y el resto a algunos gobiernos provinciales. Su principal actividad es la importación de gas natural licuado (GNL) que, debido al retraso tarifario local, le produce enormes pérdidas compensadas con subsidios. Tiene a su cargo también la administración de varias obras. Entre ellas, el gasoducto desde Vaca Muerta, el gasoducto hacia el Nordeste y las dos represas sobre el río Santa Cruz.

Esta empresa no tiene la capacidad ni la eficiencia para operar las concesiones que el proyecto oficial le adjudicarían. Aun cuando se corrigieran las estructuras tarifarias, tendría la dificultad de cubrir financieramente las inversiones requeridas.

Debe descartarse de plano, por consiguiente, ese disparatado proyecto de ley. Sería más conveniente que, en la etapa que se inicie tras las elecciones nacionales, se creen condiciones para convocar al capital privado en estas actividades. Será imprescindible recomponer las tarifas para que cubran costos de eficiencia más la recuperación de las inversiones. Mientras no pueda corregirse la inflación, será necesaria la aplicación de fórmulas de ajuste y deberá darse plena seguridad jurídica en un marco de exigentes reglas de cumplimiento por parte de los concesionarios.

Si aspiramos a vivir en un país distinto, no debemos volver atrás ni tropezar con la misma piedra.

Adiós incentivos perversos, bienvenidos los virtuosos

El orden social es frágil y solo se sostiene mediante la aplicación regular y constante de reglas de juego no discrecionales, de acceso abierto y equitativas para el conjunto y no para una facción

Si hubiese un curso de ingreso para quienes dictan normas obligatorias para la sociedad (leyes, decretos, resoluciones), la materia principal debería ser la comprensión de cómo funcionan los incentivos humanos y las conductas probables ante cada proyecto que se impulsa.

El populismo, con su irrefrenable afición por el corto plazo y la ignorancia, su prima hermana, con su torpe improvisación, suele prevalecer en las legislaturas y en los órganos ejecutivos. Pocas veces se analizan y discuten las reacciones previsibles ante una nueva disposición, pues populistas e ignorantes creen que lo escrito y sancionado se cumplirá tal cual fue redactado.

Pero muchos seres humanos maximizan beneficios y ahorran esfuerzos; siempre alertas para tomar lo que es gratis y trasladar costos a los demás. Listos para sacar ventaja al menor costo personal. En los parques, las pisadas marcan caminos más cortos que los demarcados. Las mejores localidades se agotan antes de que llegue el primero de la cola. Los contadores explican cómo aprovechar desgravaciones radicando industrias en zonas distantes. Los diputados canjean pasajes por dinero y los senadores designan parientes como asesores. La expresidenta no toma una pensión, sino dos. A nadie se le escapa un inciso y nadie perdona una coma.

Los incentivos virtuosos alientan el trabajo y la productividad, premiando el esfuerzo y el mérito. Es el duro mundo de la competencia, la exigencia y el mercado, realidad cotidiana para la mayoría de la gente. Los incentivos perversos crean oportunidades para ganar sin crear valor, para apropiarse de plusvalías artificiales, de sueldos injustificados o jubilaciones de privilegio. Cuando el Estado crece, con más reparticiones y regulaciones, se expande también el mercado político, el que transa puestos o beneficios a cambio de retornos o de militancia. Es el mundo de los punteros y los abrepuertas.

El populismo y la ignorancia han soslayado tantas veces las reglas de sentido común que nuestro país podría lucirse en el manual introductorio a la Universidad del Fracaso. Es sabido que los controles de precios desalientan la producción, que las tarifas baratas incentivan el dispendio y provocan los apagones, que la ley de alquileres agrava el problema habitacional, que los créditos subsidiados fomentan la especulación, que los cepos impulsan la fuga de capitales, que las moratorias inducen el incumplimiento, que la industria del juicio perjudica el empleo, que las cajas sindicales enriquecen a los sindicalistas, que las pautas publicitarias facilitan los “retornos” y que siempre, siempre, favorecer al indolente descorazona al esforzado. Todo eso es sabido, salvo para populistas, corruptos e ignorantes, que insisten en repetir esas fórmulas y, si la realidad no se acomoda a sus previsiones, amenazan y sancionan a quienes los contrarían.

En materia social, la disponibilidad masiva de fondos para planes lleva a quienes los intermedian a pedir “algo a cambio” o a desarrollar estructuras políticas con plata que les llegó del cielo. Los que reciben planes, a su vez, prefieren no trabajar “en blanco” para no perderlos. En lugar de generar empleo regular, con aportes para salud y jubilación, todo el país es un reino de trabajo informal, de changas y desempleo encubierto. En ese contexto de pobreza y desorden familiar, los adolescentes abandonan la secundaria para conseguir sustento y las autoridades les ofrecen promocionarlos para no agravar sus estadísticas de deserción. Así, el populismo degrada a la educación, pues sabe que no sufrirá el costo de su irresponsabilidad cuando los chicos no consigan trabajo para ganarse la vida en forma digna.

Mientras que nuestros jóvenes emigran por falta de oportunidades, hay miles de extranjeros que se inscriben en universidades nacionales en las carreras más difíciles y costosas en sus países, como medicina. Luego revalidan allí sus títulos y nos dejan “sin el pan y sin la torta”, pues pocos quedan para las cursar las residencias y cumplir las guardias. Situación parecida ocurre con los hospitales públicos, que atienden a migrantes de tránsito sin costo alguno… para ellos.

En la órbita estatal, donde rige el toma y daca de la política, ocurren los peores desmadres con el oropel de los símbolos patrios. Soslayando concursos, miles de contratados son designados en planta permanente con el aplauso del sindicato que incorpora afiliados y del kirchnerismo que suma militantes. Así funcionan los incentivos perversos. En las provincias más pobres, donde todos viven del Estado y sus gobiernos dependen de fondos nacionales, para obtenerlos deben canjearlos por sus votos en el Senado.

Al hacerse habituales estos perversos mecanismos, los facilitadores, lobbistas e influyentes se transforman en artífices del éxito o fracaso de cualquier proyecto de vida, de cualquier negocio particular. Las leyes son corregidas mediante excepciones, exclusiones o inclusiones. Proliferan las resoluciones aclaratorias, la fraseología oscura, la letra chica, la casuística a medida, los favores disfrazados de decoro, los nombramientos sin antecedentes, los asesores invisibles y las transferencias de ingresos “por interés nacional”. En ese maremágnum de normas a medida, el futuro se hace impredecible y se esfuma la seguridad jurídica. Nadie invierte, nadie busca trabajo, nadie estudia, a la espera de algún cambio que lo favorezca. Las buenas iniciativas pierden impulso y se reciclan en audiencias sin registro o en desayunos sin testigos.

Populistas e ignorantes no conciben que la marcha de fábricas, la ebullición del comercio, las labores del campo, la expansión del crédito, la construcción de rutas y edificios, el tráfico de contenedores, la prospección minera, las perforaciones gasíferas, la generación eléctrica, el despliegue de redes 5G, la ampliación de aeropuertos, la renovación de trenes y la multiplicación de pymes, todos esfuerzos enormes y costosos, humeantes y ruidosos, dependan de algo tan sutil como el correcto alineamiento de incentivos, de empresas y de individuos.

Ordenar las conductas colectivas en forma pacífica y lograr el bienestar general constituye un desafío mayúsculo para cualquier gobernante serio. El orden social es frágil y solo se sostiene mediante la aplicación regular y constante de reglas de juego no discrecionales, de acceso abierto y percibidas como equitativas para el grupo. Cuando los incentivos virtuosos sustituyan a los perversos; cuando el populismo sea desplazado por el patriotismo y la ignorancia por la idoneidad, se logrará un quehacer armonioso, productivo y ecuánime. Es el fin último de todo arreglo institucional exitoso.

Mujeres y políticas de gobierno

BOGOTÁ.- Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Esa frase se ha repetido en escenarios públicos del Parlamento Europeo, las Naciones Unidas y diferentes movilizaciones globales en rechazo a la violencia de género. Se ha insistido en esta consigna con base en las cifras que demuestran, una y otra vez, cómo el feminicidio, la violencia y la explotación sexual encabezan la lista de crímenes atroces que enfrenta la humanidad.

El envenenamiento de casi dos mil niñas en colegios de Irán para que no acudan a las clases públicas o la muerte de casi 300 mujeres en ese país, que participaban en las protestas por el asesinato de Mahsa Amini, quien llevaba caído el velo que debe cubrir sus cabezas, son tan solo una referencia de lo que deben enfrentar las mujeres.

En la misma región, las afganas están literalmente enclaustradas porque los talibanes las obligaron a usar la burka y les prohibieron estudiar. Están secuestradas ante la mirada impotente del planeta. Y en Ucrania, a un año de iniciada la guerra con Rusia, los reportes periodísticos se enfocaron en la capacidad bélica, la destrucción física y el desplazamiento, pero pocas líneas para recordar a las mujeres violadas por soldados rusos.

En Colombia, el panorama no es mejor. En los primeros meses del 2023, los feminicidios pasan de 40. En 2022, según la ONG Feminicidios Colombia, se registraron 259 asesinatos de mujeres por su condición de género.

A esto se suma una preocupación que no es cosa menor. En el proyecto de ley de descongestión carcelaria, que presentó el Gobierno, se ha incluido la despenalización del delito de inasistencia alimentaria, tipificado en el artículo 233 del Código Penal como el incumplimiento de la cuota alimentaria de menores. Desestigmatizar, escuchar y respetar los roles que tanto hombres como mujeres tienen en la sociedad no deben ser temas de análisis para un día. Tienen que hacer parte de las políticas de gobierno de los Estados y de la responsabilidad ciudadana.

SAN JUAN DIOS, FAMILIA, VIDA, LIBERTAD, JUSTICIA, EDUCACION y PATRIA. COLUMNA DE OPINION DE MARISA OJEDA JUBILADA DOCENTE

Estimados compatriotas, la persecución de este gobierno populista k no tiene límites, las imágenes de este video corresponden a que un grupo de docentes contrato una combi que los trasladara desde Jachal hasta la capital sanjuanina, con el fin de apoyar la marcha docente de hoy. Lamentablemente esto se vio impedido por un grupo supuestamente inspectores de tránsito que expresaron que la combi no contaba con la habilitación para trasladar docentes. El chófer explicó y mostró que tenía todas las habilitaciones que se exige para transitar en la provincia, incluida la habilitación de traslado de «personas».

Pero la ignorancia manifestada por estos inspectores como de la persona que dio la orden de perseguir a los docentes jachalleros e impedir que se trasladen a la capital sanjuanina para apoyar a sus colegas de capital y del gran San Juan; es una cabal muestra de la inoperancia de este gobierno populista k.

¿Por qué ignorancia?, simple porque confunden el significado de la palabra «persona» y de la palabra «docente». Para que quede claro, docente es la «PERSONA» que imparte conocimiento enmarcados en la ciencia, arte y deportes.

Ante este pedido inventado de exigir una habilitación para «trasladar docentes», estos inspectores y obviamente la o las personas que emitieron la orden de exigir dicha habilitación, nos demuestra que este gobierno populista k considera que un docente no es considerado como una PERSONA, sino que es tratado como suelen expresar los jóvenes: «…el último orejon del basurero o tarro…».

Compatriotas una vez más el gobierno del señor Uñac da muestras de su inoperancia y de su gobierno feudal y tirano.

Sanjuaninos este 14 de mayo tenemos la oportunidad de transformar esta cobarde situación por medio de las urnas. Defendamos los pilares que sostienen la Nación: DIOS, FAMILIA, VIDA, LIBERTAD, JUSTICIA, EDUCACION y PATRIA.

Un oficialismo corrido por derecha

Un informe de Claudio Jaquelin nos muestra que las encuestas muestran un escenario electoral repartido mayoritariamente en tres tercios, donde figuras sin progresismo en sangre encarnan las postulaciones más viables para acceder a la presidencia

El eje de la política argentina, o de las preferencias electorales, aparece corrido del centro a la derecha, después de casi 20 años en los que las expresiones progresistas o populistas de izquierda (como quieran calificarse) resultaron estructurantes del sistema.

Al menos cuatro encuestas a las que les prestan atención tanto en el Gobierno como en los comandos principales de Juntos por el Cambio muestran un escenario electoral repartido mayoritariamente en tres tercios, con el antisistema Javier Milei cada vez más instalado en el menú de opciones probables.

Sin embargo, no es el excéntrico libertario la única variable que terminó por alterar el fiel de la balanza. Es más bien la expresión de un fenómeno que parece tener mayor hondura. De allí que a esta altura surjan como las postulaciones más viables para acceder a la presidencia todas figuras sin progresismo en sangre. Por un lado se inscriben los dos precandidatos de Pro (Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich), que liderarían la fórmula de Juntos por el Cambio acompañados por una o un dirigente radical en cada caso. Por otro lado, en el cuadrante oficialista sobresale el exucedeísta y pronorteamericano Sergio Massa, si es que nuevos acontecimientos como los conocidos esta semana no terminan segando otra vez su carrera presidencial. Por último, asoma Milei, quien, como cuantifica uno de los consultores que escuchan oficialistas y opositores, en un año casi triplicó su intención de voto en el nivel nacional, para instalarse en torno del 20 por ciento.

La sobrevida que el fracaso final del gobierno macrista le otorgó en 2019 a un kirchnerismo en declive y revivido con un revestimiento moderador parece estar entrando en la fase recesiva final. El milagro de la resurrección no suele repetirse.

Por eso, algunos peronistas no kirchneristas empiezan a animarse a salir de los pequeños armarios territoriales o discursivos a los que los confinó el kirchnerismo durante dos décadas. En ellos, la ilusión radica no tanto en aspirar al gobierno nacional sino en que el clima de época les dé suficiente fuerza para rescatar al peronismo “secuestrado” y la necesaria capacidad de daño para poner fin al kirchnerismo. Nunca imaginaron volver a coincidir tanto con Alberto Fernández.

Esa es la prédica que despliegan el cordobés Juan Schiaretti (en sus primeras apariciones fuera del caparazón provincial) y el salteño Juan Manuel Urtubey para tratar de curar del síndrome de Estocolmo a muchos de sus compañeros, que tantas veces amagaron con liberarse sin animarse nunca a saltar del barco en que se mantenían a flote, aunque sea en tercera categoría y a fuerza de latigazos.

Su objetivo en esta etapa, en pos de la independencia del peronismo, es construir una candidatura presidencial y un postulante a gobernador con la potencia necesaria como para ayudar a derrotar al kirchnerismo en su propio y último gran bastión: la provincia de Buenos Aires. Lo consideran el golpe final. Los vasos comunicantes con algunos sectores cambiemitas están así más transitados que nunca por estas horas. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Hay distintas formas de ganar.

El larretismo, aunque también algunos bullrichistas, se ilusiona con ese armado en busca del premio mayor: ganar la presidencia y la provincia de Buenos Aires, hoy muy esquiva. En el mundo cambiemita nadie olvida que en 2015 alcanzaron la presidencia por una diferencia de 600.000 votos sobre el kirchnerismo y que la ventaja lograda en Córdoba, donde manda Schiaretti, fue más que decisiva: 700.000 sufragios. No se tata solo de devolver gentilezas. Son sumas lineales de este tiempo centrípeto.

La confusión kirchnerista

El corrimiento en la oferta política, con eco en la demanda electoral, explicaría también la confusión y la densidad de las contradicciones que ha expresado el cristicamporismo durante la última semana. Fueron siete días en los que se balanceó entre extremos. Pasaron del rescate o la defensa de la figura de Sergio Massa a la dura crítica ideológica de las acciones del ministro y, sobre todo, a los efectos que sus políticas tienen y a los que podrían tener.

El resultado del reciente examen parcial que le tomó el FMI a Massa y el sorprendente (para todo el Gobierno) índice de inflación del 6,6% de febrero fueron el último detonante para precipitar un regreso a las fuentes discursivas del camporismo en busca del único refugio seguro, que es el núcleo duro de sus votantes más radicalizados. Eso también explica el ruego desesperado por una candidatura de Cristina Kirchner.

“Nuestro idioma no es el de la moderación”, dice el documento que La Cámpora dirigió a sus militantes, mucho más que una nueva respuesta y descalificación al Presidente, que en su último mensaje ante el Congreso se había jactado de ser, precisamente, un moderado. En todo caso, podría ser el epitafio que le dedicaron a Alberto Fernández.

En realidad, se trata de la búsqueda de la reafirmación de una identidad que se les fue desdibujando desde el día en que se presentó el artefacto electoral creado por Cristina Kirchner. La gestión albertista solo terminó de consolidar el desperfilamiento. Pero la urgencia y la contundencia de esas expresiones radican en la constatación de que la última esperanza para sostener tanta elongación de principios empezaba a difuminarse y a aumentar el riesgo de desgarros profundos. La estabilización, seguida de redistribución, con las que los había ilusionado Massa se alejan aceleradamente.

Todo se precipitó cuando el lunes pasado apareció el comunicado del FMI en el que anunciaba la aprobación de la revisión de las metas fijadas hace un año. La disonancia llegó a niveles extremos.

“Solo Sergio es capaz de lograr lo que el FMI concedió”, festejaban, apenas se difundió la aprobación, en el entorno más íntimo del ministro, en referencia a la flexibilización de las metas de reservas.

Apenas un par de horas más tarde apareció un furibundo manifiesto camporista contra ese entendimiento, en el que la organización maximista despotrica por el ajuste que implicaba no haber logrado que se revisaran a la baja las metas fiscales. Con el agravante de que el Fondo advertía que ese objetivo había sido puesto más en riesgo por lo que para La Cámpora es un símbolo y una herramienta electoral: la moratoria previsional. La demora en su ejecución, hasta entonces imputada a Fernández, tenía otros culpables, entre los que sobresalía el ministro de Economía, a pesar de los esfuerzos por cuidarlo. Aprietes, sin escraches.

La rana de Massa

Había en ese punto algo más grave que pasó bastante inadvertido: La Cámpora denuncia en su mensaje el verdadero plan Massa para llegar a las elecciones. Aunque a él no lo nombren, él siempre está. Y ya no puede ocultarse detrás de Fernández. El Presidente no hace sombra, a pesar de que todas las culpas le son colgadas a él..

“[…] ¿qué pasa si ponés la rana en agua y muy, muy lentamente la vas calentando hasta hervir? Una creencia dice que la rana se quedará tranquila, sin darse cuenta de que el agua se está calentando. Eso sucede en la Argentina. ¿No será que la morfina para que el pueblo soporte inicialmente el acuerdo es la inflación? Queda claro que el acuerdo es inflacionario”, dice el documento. Y el firmante gozoso de ese acuerdo es el ministro de Economía, el hombre al que el camporismo decía que siempre quiere en su equipo. La suba indomable de los precios y apriete fiscal no riman con “luche y vuelve”.

Justo en el momento en que se difundía el tuit camporista, Massa regulaba la hornalla. Cada vez estaba más convencido de que aun sin bajar la inflación podía mantenerse competitivo como presidenciable con el “plan rana”. “La vamos a estabilizar en el 6% y si no sube la gente no solo se va a acostumbrar, sino que nos va a agradecer que no haya explotado. Sergio fue el que evitó la hiperinflación y hasta una caída del Gobierno, Le puso el pecho y la fue llevando. Todos se lo reconocen”, decían en el equipo massista, a lo que adherían sus interlocutores de los factores de poder, varios formadores de opinión y algunos adversarios políticos.

Tanta era la confianza en el massismo de que ese plan podía ser efectivo que en la noche previa a la difusión del índice de precios dos de los antiguos y cercanos colaboradores del ministro reconocían por primera vez abiertamente que Massa se veía como candidato presidencial.

Tras la admisión, uno de ellos expresó sus prevenciones: “Tendría fe en que se enderece la economía si Sergio no fuera candidato. Pero él siempre quiso serlo, los que hace mucho vienen apostando por él siempre quieren, y el resto, aunque no lo amen, lo quiere de candidato. Imposible que no lo intente”.

En el resto se inscribe el cristicamporismo, que no encuentra o no encontraba ningún salvavidas a mano mejor que Massa, aunque solo sirva para retener los votos necesarios que les permitan preservar su refugio, la provincia de Buenos Aires. Si su idioma no es el de la moderación, saben también que la suya no es la lingua franca de estos tiempos. En todo caso, la rebeldía (o la desmesura) parece ser de derecha.

El comunicado camporista y el 6,6% astillaron de un golpe el imbatible optimismo massista. Y más lo hizo la ruptura de la barrera simbólica del 100% anual de inflación. Un chorro de agua hirviendo capaz de escaldar hasta la dura piel de cualquier batracio.

Por eso, en el Palacio de Hacienda le pidieron explicaciones y argumentos para recrear alguna ilusión al viceministro Gabriel Rubinstein, quien en esos días estaba abocado con algunos colaboradores a calcular (otra vez) el impacto real sobre la economía, las cuentas públicas y las reservas de la histórica sequía. El piso cada vez está más abajo y nadie logra ver todavía el fondo.

En el propio equipo de Massa admiten que “la situación está bien complicada. Las variables más sensibles están muy tensionadas y en desequilibrio inestable”. Peor aún tras el temblor financiero internacional en desarrollo. Y si la política juega un papel muy importante, la disputa interna del oficialismo, más.

La mayoría de los economistas auguran un cuello de botella demasiado estrecho para el segundo trimestre. Justo cuando empezará el tiempo de definiciones. En mayo deberán resolverse las precandidaturas y en junio habrá que presentarlas.

Todo es incierto y tal vez lo sea aún más, pero los tiempos se acortan y los milagros se postergan. Mientras tanto, algunas tendencias parecen ir consolidándose, para confusión del oficialismo.

LA DUPLA FERNANDEZ FERNANDEZ HA MOSTRADO LO QUE HAY DETRÁS DE LA CARETA POPULISTA Y LOS DOCUMENTOS NO MIENTEN…

El presidente Alberto Fernández lo viene prometiendo desde el principio. “Ha llegado la hora de abrazar al diferente, al solidario, porque en esta emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para después poder llegar a todos”. “Vamos a proteger a los sectores más vulnerables. En este presente que afrontamos, los únicos privilegiados serán quienes han quedado atrapados en el pozo de la pobreza y la marginación”.

Al asumir el cargo, el 10 de diciembre de 2019, prometía así modificar la dura situación social en la que vive una gran parte de la sociedad argentina desde hace décadas. Pocas semanas después, el 1º de marzo de 2020, el Presidente inauguraba su primera Asamblea Legislativa con palabras como estas: “Hemos asumido el gobierno nacional en un escenario que creo imperioso recordar: soportamos un nivel récord de inflación del 53,8% durante el año 2019″, parte de la “pesada herencia” que había dejado la gestión de Mauricio Macri. Y agregaba: “Que los precios dejen de crecer en la Argentina es una responsabilidad de todos. El Estado, este gobierno nacional se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta. No es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo”.

Esa “batalla” parece no haber dado demasiados resultados. De hecho, hace un año, el 15 de marzo de 2022, Fernández quiso subir un escalón en el lenguaje bélico y atacó: “Prometo que el día viernes [18 de marzo] va a empezar la guerra, la guerra contra la inflación en la Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden”.

No sabemos si esa “guerra” aún se está desarrollando, pero por las dudas hace dieciséis días, al abrir las sesiones legislativas de este año, el Presidente insistió: “La alta inflación, que todos sufrimos, es un factor central de desorganización de nuestra economía… Estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento”. ¿Cuántos de estos postulados pueden tener asidero real en un país que acaba de mostrar una inflación del 6,6% para febrero, que lleva el acumulado interanual al 102,5%, y niveles escandalosos del costo de los gastos básicos de una familia para no ser pobre o, incluso, indigente?

La inflación, ya se sabe, golpea a todos, pero sobre todo a los sectores sociales más postergados. La ayuda social y los ingresos derivados de empleos informales y precarios contribuyeron de algún modo a que los indicadores oficiales de pobreza se redujeran levemente hacia el primer semestre del año pasado, último dato publicado: según el Indec, la pobreza alcanzó entonces al 36,5% de la población (unos 10,5 millones de personas) y la indigencia, al 8,8% (2,6 millones). Como se ve, ningún guarismo que haya que festejar, sobre todo en un país que estaría en condiciones de alimentar a millones de personas en el mundo, como también le gusta recordar al Presidente.

Mucho menos cuando uno se interna en los detalles de la estadística de pobreza por edades. Entre los más chicos, de 0 a 17 años, llega al 51,5%. El número, frío, adquiere niveles de escándalo cuando se toma conciencia de que más de cinco chicos de cada diez son pobres, y sólo por los ingresos de sus padres. Estos indicadores miden esa variable, pero no las condiciones de vida, infraestructura y educación en las que viven esas personas.

Los costos de las canastas a partir de los cuales se elaboran los niveles de pobreza e indigencia, difundidos ayer por el Indec, vuelven a reflejar el drama en toda su magnitud.

Desde hace meses esos valores vienen creciendo por encima de la inflación del mes. En enero, de hecho, la canasta básica total (CBT, marca el límite de la pobreza) había aumentado 7,2% en el mes y 108% interanual. La canasta básica alimentaria (CBA, refleja la indigencia de una persona o grupo familiar) había alcanzado niveles similares. Vale recordar en este punto que la inflación del primer mes del año había marcado 6%, con un acumulado anual de 98,8%.

En ascenso

Los datos de febrero, tanto la inflación como el costo de las canastas básicas, mostraron el agravamiento de la situación y permiten anticipar un aumento de la pobreza y la indigencia. Podría no reflejarse aún en los datos del segundo semestre del año pasado, que el Indec difundirá el jueves 30 de este mes, pero los expertos en este tema ya lo anticipan.

Martín González Rozada, director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella, desarrolló un “nowcast” de pobreza, un “pronóstico inmediato” que a partir de varios indicadores permite anticipar tendencias y datos sobre esa variable.

En la última edición, toma los datos del semestre septiembre 2022-febrero 2023. “La CBT promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el semestre de referencia se estimó en $48.784 por adulto equivalente. Esto es un aumento interanual de 98,6%. Para el promedio del ingreso total familiar (ITF) se proyectó para el semestre un incremento interanual de 68%. Con estos datos y la simulación de los microdatos de la EPH del tercer y cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023 se proyectó la tasa de pobreza”. Y concluye: “El nowcast estima una tasa de pobreza de 42,2% para el semestre sep22-feb23″.

Esto es, casi 6 puntos por encima del dato del primer semestre de 2022. Pero el desagregado trimestral es aun más inquietante: “La incidencia proyectada es un promedio ponderado de una tasa de pobreza estimada en 38,4% para septiembre 2022, 41,5% para el cuarto trimestre de 2022 y 45,1% para el bimestre enero-febrero 2023″.

Según sus cálculos, el 42,2% implica que “alrededor de 12,2 millones [de personas] viven en hogares urbanos pobres”, tomando en cuenta la población urbana relevada por la encuesta del Indec. Si se proyecta a la población total del país, el dato es aun más estremecedor: 19,5 millones de argentinos viven en la pobreza.

El economista Maximiliano Gutiérrez (Ieral-Fundación Mediterránea) destaca el dato de inflación de febrero “en un contexto en el que siguen reprimidos precios claves como el tipo de cambio oficial y las tarifas de servicios públicos”. Marzo no trae precisamente buenas noticias. Habrá que prepararse para los próximos meses.