Programa Sin Fronteras 7 de marzo de 2023

La situación en Argentina se siente como una CRIMINAL PÉRDIDA DE TIEMPO    vamos a compartir el análisis de Joaquín Morales Solá Sin Fronteras.

La inflación de febrero en CABA fue de 6% y acumuló un 103,1% en los últimos 12 meses, la triste situación del pais del interior una realidad que golpea a la puerta de todos los argentinos y que el gobierno ignora a propósito. Compartimos el informe Sin Fronteras.

ROSARIO I Habló Adrián Spelta, fiscal del caso Máximo Jerez, el nene de 11 años asesinado por narcos. «Se presentó un vehículo con varios ocupantes y empezaron a disparar», dijo en diálogo con TN. Con respecto a las personas que dispararon contra los nenes, aseguró que se trata de «dos bandas antagónicas de la zona». Compartimos el informe Sin Fronteras.

RIO NEGRO EL BOLSON Un hombre de 30 años fue detenido por los incendios. Será indagado por su presunta vinculación con el origen del foco ígneo, cuyo avance pudo ser frenado por los brigadistas. Las llamas afectaron cinco hectáreas y hubo varios focos secundarios.

Militantes y predicadores: cada uno atiende a su público. Arrancó Maxi Montenegro con su columna de opinión y se refirió a show mediatico por sobre los datos y la información, la compartimos Sin Fronteras.

PATRICIA JURE DESAFÍA A DEBATE ABIERTO A LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR

En su visita a la ciudad de Chos Malal en el marco de la campaña de la candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Patricia Jure, desafió al resto de los candidatos a un debate cara a cara con transmisión directa al público.

Dijo Patricia Jure: “Los candidatos del MPN así como de la oposición trucha, se refugian en sus costosas publicidades pagas en distintos medios. No se bancan una verdadera confrontación de propuestas, porque cualquier verborragia demagógica que digan, queda al desnudo ante la realidad de pobreza, saqueo de recursos y los miles y miles que viven sin obras y sin servicios en las barriadas de toda la provincia”.

Agregó la candidata a gobernadora, Patricia Jure: “Por ejemplo el candidato del MPN, Marcos Koopman debería explicar porqué en cuatro años que preside la Legislatura no reclamó a su mentor, el gobernador Omar Gutierrez, que se reglamente la Resolución Nº 1057 de mi autoría que la Legislatura que Koopman preside aprobó hace años. Se trata nada menos que de un medida práctica  fundamental para la protección de las mujeres víctimas de violencia, como es una Casa Refugio cada 10.000 habitantes, asistidas por gabinetes de profesionales bajo Convenio y con un sostén económico transitorio para liberar a esa mujer violentada de la dependencia económica del violento. Algo tan elemental, hace años que el gobernador del MPN y su vice (Marcos Koopman) se niegan a reglamentar para su puesta en práctica”.

Concluyó la candidata del Frente de Izquierda: “Al Rolo Figueroa y a Ramón Rioseco, ambos con cargos legislativos por el MPN el primero y por el Frente de Todos el segundo, les pediría que expliquen porqué si reclaman mayores regalías o mejor distribución de la riqueza, ambos han apoyado con uñas y dientes el pacto con Chevrón, no han movido un dedo contra la base que el ejército de EEUU financió en Neuquén o bancan el pacto ruinoso del ajuste con el FMI. Estoy segura que NUNCA podrán contestar coherentemente estos planteos, respecto a los cuales el Frente de Izquierda sí tiene una salida, y así lo demostramos cada día en las luchas de las cuales somos parte”.

Graves denuncias de jueces. La ONU prepara un informe sobre la independencia judicial en la Argentina Es parte de un análisis de toda la región; los primeros reportes de los magistrados locales son muy críticos y advierten sobre el peligro que implica el juicio político que el Gobierno impulsa contra la Corte

La relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prepara un informe sobre la situación de la independencia judicial en la región, incluida la Argentina, y recibió un reporte crítico de los jueces nacionales que cuestionaron el juicio político que el Gobierno impulsa contra la Corte Suprema de Justicia.

El 22 de febrero pasado, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) mantuvo una reunión por Zoom con la relatoría, a cargo de la académica Margaret Satterthwai, y elevó una breve síntesis de los problemas de cada país. Por la Argentina, informó en diez minutos el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, que denunció el avance del Gobierno sobre la Corte Suprema de Justicia con el inicio del juicio político.

El juez le manifestó al organismo internacional que se está frente a un “avasallamiento de la independencia judicial” y que el inicio del proceso, a fin del año pasado, coincidió con dos sentencias en contra del Gobierno: la medida cautelar dictada por la Corte que lo obliga a girar fondos a la Ciudad en concepto de coparticipación federal y la anulación de la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Gallo Tagle dijo que se trata de un ataque al máximo tribunal motivado por el contenido de sus sentencias, lo que está en contra de las leyes y normativas internacionales que regulan la actividad de los jueces. Tras esa videoconferencia, ahora las diversas asociaciones de jueces reunidas en la FLAM están redactando un informe pormenorizado de lo que ocurre en cada lugar.

La Asociación de Magistrados de la Argentina prepara un documento (espera tenerlo terminado esta semana) en el que se remonta a lo ocurrido en 2014, cuando el gobierno kirchnerista trató de limitar la independencia judicial mediante la aprobación de la llamada ley “de democratización de la Justicia”, que incluía la elección popular de los jueces. La iniciativa encendió alarmas de quienes advirtieron que las decisiones de los jueces terminarían influidas por conseguir el favor del electorado y no por aplicar las normas, algo que muchas veces exige ir en contra del clamor popular.

Esta iniciativa fue declarada nula por todas las instancias judiciales hasta que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que obligó a enterrar definitivamente el proyecto. No obstante, señala el informe en elaboración, hubo un nuevo intento de avanzar con la reforma de la justicia federal, esta vez con el proyecto que logró media sanción el 28 de agosto de 2020, en plena pandemia.

Allí se volvía a la carga para quitarle poder a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, pero se planteaba además la necesidad de crear cargos judiciales de manera desmedida en la justicia federal de todo el país, con lo que se pretendía que los gobernadores pudieran designar sus jueces federales y promover otras designaciones con sentido político.

La iniciativa fue aprobada en el Senado, pero no pasó el filtro de la Cámara de Diputados, donde el kirchnerismo no consiguió la mayoría.

Los tribunales vacantes

Los jueces denunciaron a la ONU el problema de las vacantes en los tribunales federales y nacionales, que llegan al 30 por ciento y que obligan a que haya jueces suplentes, lo que debilita al Poder Judicial. En el caso particular de Rosario, el presidente Alberto Fernández responsabilizó a la Corte por la inseguridad y el narcotráfico en la provincia, al culparla por la falta de avances en los concursos del Consejo de la Magistratura.

Pero los jueces le contestaron que en Rosario las vacantes no se cubren porque los candidatos deben ser aprobados por el Ejecutivo y por el Senado, ya que los concursos pendientes en el Consejo son tres de un total de diez cargos vacantes.

Otro de los ítems que está incluido en el informe que los jueces preparan para la ONU tiene que ver con sus jubilaciones. El Gobierno aprobó en mayo de 2020 una ley para cambiar el régimen jubilatorio de los magistrados, elevando sus aportes y con la idea de que se trata de un régimen de privilegio.

Los jueces le dicen ahora a la ONU que se trata de una invasión al Poder Judicial y que es un ataque a su independencia, porque los obligaba a renunciar si querían acogerse a la vieja ley o permanecer, pero perdiendo dinero. Reclaman que no se trata de un sistema “de privilegio”, sino de una caja que es autosustentable con los aportes de los propios magistrados en actividad, si es que se cubren todas las vacantes.

La denuncia del Gobierno

El Gobierno se presentó ante la ONU a fin del año pasado para denunciar que jueces y fiscales llevaban adelante “procesos penales fraudulentos”. Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, hizo estas manifestaciones en la sede del organismo internacional, pero el único país que respaldó su denuncia de “lawfare” fue Bolivia.

La exposición de Pietragala se hizo en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) donde mencionó que hay “estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político” que “son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”.

La alusión era por la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel en la causa de Vialidad. El oficialismo cuestionó la participación del fiscal Diego Luciani y del juez Rodrigo Giménez Uriburu, protagonistas de ese proceso, en un torneo de fútbol que se jugó en una quinta que pertenece a Mauricio Macri, antes de que ninguno de los dos hubiera sido designado para intervenir en ese caso. Ya antes había denunciado visitas de otros magistrados a Macri cuando era presidente.

En la audiencia posterior a la presentación de Pietragalla, Alemania cuestionó la injerencia política sobre el sistema judicial argentino y habló de “presiones e intimidaciones” a los jueces e investigadores. Antes, la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) había alertado en su último informe anual que la ofensiva del Gobierno sobre la Justicia, las demoras en la designación de jueces y de otros cargos, como el Procurador General, y la corrupción, incluida en el Poder Judicial, han “socavado el Estado de Derecho” en la Argentina.

Las declaraciones de Pietragalla se dieron en medio de la iniciativa del oficialismo para impulsar el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, tribunal que también busca modificar para ampliar su número de integrantes.

CHUBUT Elecciones en Trelew: Pro se impuso sobre la UCR en una interna determinante para la oposición en Chubut El candidato a intendente será Gerardo Merino, que responde a Ignacio Torres, senador nacional cercano a Horacio Rodriguez Larreta; en el PJ se consolidó el desembarco de La Cámpora

Con un final cerrado, la interna que activó tensiones en Juntos por el Cambio (JxC) y enfrentó a los máximos referentes de Gerardo Morales y Horacio Rodriguez Larreta en Chubut, inclinó la balanza a favor del precandidato del Pro, Gerardo Merino, que representará la propuesta de JxC el próximo 16 de abril en las elecciones generales a intendente de la ciudad.

Tanto en Pro como en la UCR confirmaron que la interna dejó en el camino a Federico Massoni, el precandidato del presidente del partido radical de Chubut, Damián Biss. Tanto Torres como Biss -cercanos a Rodriguez Larreta y Gerardo Morales, respectivamente- se disputan ser la figura fuerte y cabeza de lista en las elecciones provinciales a gobernador y dar un golpe de timón en un distrito gobernado desde el 2003 por el peronismo.

Según las primeras estimaciones, Merino cosechó el 55% de los votos contra el 45% de Massoni. Tras el cierre de las mesas, Torres aseguró: “Sufrimos un patoterismo pocas veces visto. Familiares míos que fueron destratados, insultos. Ojalá no volvamos a vivir algo como esto. [Mariano] Arcioni metiendo la cuchara… Todas las denuncias previas fueron una mentira, una mugre y una soberbia mediocre. Tuvieron como respuesta las urnas”. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, felicitó a Torres y al ahora candidato a intendente de Trelew, Merino, por el resultado de las elecciones internas y aseguró: “Tenemos un gran equipo en Chubut que va a recuperar la provincia y potenciarla como nunca”. “Chubut tiene todo para despegar. Hoy el mundo necesita de la energía y los alimentos argentinos. Y esta provincia tiene todo eso para aportar y mucho más. Por eso no tengo dudas de que el 16 de abril vamos a ganar la intendencia de Trelew, para empezar a impulsar el cambio que se necesita en esta provincia”, aseguró Rodríguez Larreta, que dijo no tener dudas de que Torres va a ser el próximo gobernador de Chubut: “Es lo que la provincia necesita para desarrollar todo su potencial. Nacho junto a su equipo, con Ana Clara Romero en Comodoro Rivadavia, Matías Taccetta en Esquel y Gerardo Merino en Trelew, van a cambiar el destino de Chubut”.

El desembarco de La Cámpora

Este domingo también se definió el candidato a intendente por el Frente de Todos, integrado por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, el Partido de la Victoria, Chubut Somos Todos y el Partido del Trabajo y del Pueblo. Por amplio margen, con 68% de los votos, el triunfo fue para el coordinador de Municipios de la región Patagónica del Ministerio del Interior de la Nación y dirigente de La Cámpora, Emanuel Coliñir.

“Estamos muy emocionados. Trabajamos mucho para llegar a esta instancia y lo vemos reflejado en el resultado. Les golpeamos la puerta a los afiliados y les contamos por qué queremos gobernar Trelew”, aseguró Coliñir. Competía con el ingeniero Nelson Castro (26%), identificado con el presidente del congreso del PJ de Chubut, José Salvador Arrechea, y con el militante de base justicialista Juan Carlos Jara (5%), quien promocionó su candidatura reivindicando su condición de trabajador postal.

Trelew anticipó las elecciones para el 16 de abril, en una provincia que todavía no definió cuándo renovará gobernador. Pero lo de este domingo fue mucho más que una simple interna partidaria: Chubut se convirtió en las últimas semanas en otro escenario de disputa entre Pro y la UCR, en medio de la pelea por liderar Juntos por el Cambio, y adelantó la lucha por la gobernación entre Torres y Biss, quienes se disputan el liderazgo en la coalición.

Hasta hace algunos meses, la gran promesa de JxC en Chubut era el senador nacional, quien arrasó en los comicios de 2021 y se convirtió en la gran esperanza de Rodriguez Larreta. Sin embargo, una creciente enemistad con el radical Biss desactivó en Trelew cualquier acuerdo de unidad: previo a las internas, el radicalismo denunció dobles afiliaciones Pro-PJ y acusó a Torres de trabajar con el aparato del justicialista y actual intendente de Trelew, Adrián Madena.

Lejos de la reconciliación, la interna de Trelew llegó para potenciar la grieta entre los dos referentes fuertes de JxC, que con el resultado de las internas de este domingo dejaron fortalecido el músculo de Pro para disputar la candidatura a la gobernación.

Frentes y cierres de listas

En Trelew están habilitados y podrán oficializar listas el 15 de marzo próximo para las elecciones del 16 de abril el Frente de Izquierda y de Trabajadores, conformado por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido Obrero (PO). Otra alianza es la que formaron el partido municipal Por Trelew y el Socialismo Auténtico del Chubut (PSA), que constituyeron el denominado Frente Por Trelew, apoyando la candidatura a la intendencia de Eduardo Hualpa.

El quinto es el Frente Por la libertad Independiente Chubutense (Plich), integrado por el partido que a nivel provincial tiene como referente a César Treffinger, que es Ciudadanos por Chubut, y el Partido Independiente del Chubut (PICh). Esta fuerza, alineada con Javier Milei, dio una sorpresa sumando como candidato a intendente al histórico referente del PJ en Chubut Gustavo Mac Kharty.

Los partidos políticos que competirán de manera individual son el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), que impulsa la candidatura a intendente del dirigente del Sindicato de Camioneros de Trelew, Luis Collio; el Partido Renovación y Desarrollo, por el que el gremialista de la Uocra, Claudio Paredes, quiere llegar a la intendencia, y el partido municipal Quiero Trelew.

En este mismo listado aparecen: Somos Trelew, por el que se especula que se presentaría para la intendencia la madernista Leila Lloyd Jones, al no haberlo hecho por dentro de la alianza Frente de Todos Trelew. Se suman el partido Vientos de Integración y Desarrollo en Acción (VIDA), ligado a la concejal Lorena Alcalá, y finalmente el Partido Vecinal del Chubut (ProVeCh).

Raíces de la crisis: contradicciones de un populismo indigente

La Argentina vive en crisis permanente desde hace décadas, con interrupciones cada vez más breves; no basta solo con reducir el déficit para acomodar las piezas revueltas de nuestra economía.

Las causas inmediatas de esta crisis son conocidas. Sin ir más lejos, los últimos tres ministros de Economía, en línea con el programa con el Fondo, apuntaron a subir tarifas para reducir subsidios, acelerar la devaluación y endurecer la política monetaria para preservar reservas y contener la inflación, solo para chocar contra un gobierno abroquelado en subsidios y promesas de gasto –la última de las cuales (una moratoria que posterga la indispensable reforma previsional) acaba de agregar casi medio punto del PBI de gasto anual.

Algunas contradicciones de este populismo indigente son visibles. El ancla cambiaria reduce las reservas y obliga al Banco Central a racionar divisas; esto empuja a los importadores al mercado paralelo –lo que, paradójicamente, debilita el ancla cambiaria–, sumando inflación y restando crecimiento. Otras son más sutiles, pero igualmente dañinas para la estabilización. A pesar de que la reforma normativa de 2002 limitó la dolarización bancaria, eliminando la posibilidad de una corrida como en 2001, el acortamiento de la deuda doméstica (llevado al extremo con la opción de los bancos de cambiar por efectivo parte de sus bonos públicos) o su dolarización parcial (mediante bonos “duales” o préstamos externos) eleva la probabilidad de stress financiero.

No sorprende, entonces, que el debate económico se centre en la necesidad de reducir el déficit, estabilizar la moneda e integrar la economía al mundo como condición necesaria para el desarrollo.

Sin embargo, si levantamos un poco la mirada, vemos que la Argentina vive, con interrupciones cada vez más breves, en crisis permanente desde hace décadas, y que no basta sólo con reducir el déficit para acomodar las piezas revueltas de nuestra economía.

Los sótanos del déficit

El déficit crónico y sus males asociados –la debilidad del peso, la falta de inversión y la fragilidad macroeconómica, la polarización y transitoriedad de las políticas públicas– son el resultado de una brecha entre demandas y recursos públicos que involucra a toda la sociedad y se relaciona con –y refuerza– la proliferación de privilegios.

Subsidios, exenciones, protección comercial, garantías de empleo público, competencia desigual, regímenes especiales, dólares diferenciales, inequidad tributaria y capitalismo de amigos, son solo algunos ejemplos. Más allá de sus diferencias, estos privilegios contribuyen en conjunto al desajuste fiscal que, en última instancia, frustra el crecimiento inclusivo y alimenta el descontento antisistema y los brotes populistas a derecha e izquierda.

Además, los privilegios nos distancian y nos polarizan –naturalizamos los nuestros, nos indignan los ajenos– y refuerzan el comportamiento no cooperativo, y las sospechas de que nada cambiará, de que el país no está más que para “esto” y que solo podemos aspirar a un buen arreglo personal.

No solo deconstruyen el tejido social, también dañan a la política, favoreciendo a quienes apuntan a un grupo de beneficiarios (los políticos, los sindicalistas, los empresarios, los estatales, los porteños, los norteños, los inmigrantes, los emigrantes) para exculpar –y cebar– a los propios. Esta rotación de beneficiarios también explica en parte la naturaleza pendular de nuestra política. El fenómeno no es nuevo ni único: empezamos a verlo en países de ingresos medios de la región. Pero en la Argentina ha dominado, al menos, estos últimos 40 años de democracia.

La reforma permanente

La defensa más o menos solapada de los privilegios prioriza el statu quo del Estado garante. La contracara del status quo es la reforma. Estabilizar es difícil pero no imposible: el país lo hizo en 1985, 1991, y 2002, con éxitos transitorios. Un nuevo plan de estabilización cambiará la historia solo si abre la puerta a un régimen de reforma permanente.

Del lado de la estabilización, los pendientes son varios: ajuste de precios relativos, balance fiscal primario, política monetaria anti inflacionaria, recuperación del financiamiento, acuerdos de precios y salarios para garantizar una recuperación sustentable del ingreso real, integración inteligente al mundo (para promover exportaciones e inversiones) y una rápida eliminación del cepo. Esta lista no es un menú de opciones: todas las entradas son necesarias; hacer unas sin las otras tendría los mismos resultados efímeros que en el pasado.

Del lado de las reformas, cito las más urgentes:

• Un acuerdo fiscal federal combinado con una reforma tributaria que elimine impuestos y reduzca gradualmente otros de la mano de la formalización de la economía.
• Una reforma previsional (contemplada en la ley de reparación histórica de 2016 y luego olvidada) que es condición necesaria para la estabilidad fiscal a futuro.
• Una modernización de las políticas laborales que se apoye en la formación y en facilitar la transición hacia el trabajo decente como principal herramienta de inclusión social.
• Una ley de responsabilidad fiscal que limite el gasto procíclico y el sobreendeudamiento.
• Un tratado de no proliferación

Es poco lo que puede esperarse de esta agenda en lo que resta del año. El gobierno perdió la confianza y se quedó sin tiempo. Podría pensar en un horizonte más allá de las elecciones e iniciar alguno de estos pasos para que sean continuados por el siguiente, pero, en un contexto de polarización, el tipo de acuerdos que facilitarían esta cooperación –que admiramos en Uruguay, o estudiamos en la Carta al Pueblo Brasileño de la transición entre Fernando Henrique Cardoso y Lula– parecen hoy una ingenuidad.

Varios trabajos en el campo de la economía política de finales de los 80 describían variantes de un juego electoral no cooperativo: un gobernante con pocas probabilidades de ser reelegido se ve tentado a aumentar de manera subóptima el déficit fiscal para limitar las acciones del sucesor, elevando el gasto o modificando su composición de acuerdo a sus preferencias o las de sus votantes.

La Argentina sugiere una nueva cepa: la de la píldora envenenada. Un gobierno saliente adopta, por necesidad, oportunismo o convicción, un patrón de gasto y deuda que directamente obstaculiza el desempeño de su oponente y probable sucesor. Mencioné algunos ejemplos: un acortamiento o dolarización de la deuda, o una moratoria sin fondeo. La historia reciente nos sugiere otros: la oferta de dólares baratos a futuro o la autorización de inversiones y gastos a pagar en años siguientes.

Equilibrio con más déficit

¿Qué puede hacer la oposición ante este escenario? Podrían señalar que cualquier gasto fuera del presupuesto (y decisiones de endeudamiento relacionadas) serían eventualmente “revisadas”, limitando el margen del gobierno para financiar un jubileo de despedida.

En teoría, este juego antagónico podría llevar a un equilibrio con más déficit y peor perfil de deuda, pero dentro de ciertos límites. El mundo real es bastante más complejo: la posibilidad de una revisión podría no tanto recortar como encarecer el financiamiento del déficit. O llevar a más deuda externa dolarizada si el temor a una reestructuración agota las fuentes locales, o a más garantías públicas a cuenta del próximo ejercicio, o a más emisión inflacionaria. En el límite, podría forzar una nueva y prematura reestructuración que, a este nivel de reincidencia, conspiraría contra nuestro acceso al financiamiento y al desarrollo por muchos años.

En este marco, lo mejor que se puede esperar para 2023 es que el gobierno no deteriore más la situación fiscal y financiera a expensas del próximo y eluda así una guerra fría que solo puede castigar aún más el bienestar de los argentinos. Un acuerdo tácito, sin fotos ni tuits, que priorice a los argentinos por sobre los intereses particulares.

La confrontación y el colapso nunca son inevitables. La Argentina tiene demasiado crecimiento y bienestar por recuperar si logra dar continuidad a una agenda de reformas sin perderse en atajos populistas.