PLENARIO AVALÓ LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA DEBATIR EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA LEY DE GLACIARES

HAY QUE SER PROTAGONISTAS SIN FRONTERAS

Glaciares en la encrucijada: El federalismo y la urgencia de un debate a cielo abierto

Por Ricardo Huarte

La política legislativa argentina ha ingresado en un terreno donde la sensibilidad ambiental y la seguridad jurídica colisionan de manera inevitable. En las últimas horas, el Congreso de la Nación ha dado un paso que, aunque procedimental, carga con el peso de una responsabilidad histórica: el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales ha avalado la realización de audiencias públicas para debatir la modificación de la Ley de Glaciares.

Este escenario no es menor. Bajo la conducción de los diputados de La Libertad Avanza, José Peluc y Nicolás Mayoraz, se ha activado un mecanismo de participación ciudadana que busca legitimar un debate que ya genera chispas entre el desarrollo económico y la protección de nuestras reservas estratégicas de agua dulce.

La arquitectura del debate

El diputado José Peluc, desde la presidencia de Recursos Naturales, fue el encargado de abrir el juego formal. Su propuesta no fue azarosa; se amparó en el artículo 114 bis del reglamento de la Cámara y, más importante aún, invocó el artículo 7 del Acuerdo de Escazú. Esta referencia es vital: el Acuerdo de Escazú no es solo un tratado internacional, es un compromiso de rango constitucional que obliga al Estado a garantizar el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.

Por su parte, Nicolás Mayoraz detalló la hoja de ruta para los días 25 y 26 de marzo. La propuesta busca un equilibrio técnico y logístico: una jornada presencial en el Anexo “C” y una jornada remota para asegurar que el "requisito federal" no sea una mera declaración de deseos, sino una posibilidad técnica real. Como bien remarcó Mayoraz: “El federalismo se garantiza escuchando todas las voces de cualquier punto del país”.

El coro de las provincias y la representatividad

Sin embargo, detrás del consenso sobre el "cómo", subyace la tensión sobre el "qué". Las voces que se escucharon en el plenario reflejan la complejidad del mapa político actual:

• Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica): Fue enfático al exigir que estas audiencias no sean un trámite administrativo en la Ciudad de Buenos Aires. Su reclamo apunta al corazón del conflicto: la participación de las provincias donde se encuentran las cuencas hídricas comprometidas. El agua, huelga decirlo, no conoce de fronteras partidarias.

• Sabrina Selva (Unión por la Patria): Si bien coincidió en la necesidad de las audiencias, marcó una línea divisoria sobre la transparencia. Su advertencia sobre la "interjurisdiccionalidad" de las cuencas es técnica pero profundamente política. La preocupación de su bloque es que la participación sea "en serio" y no un simulacro para avanzar sobre una ley que hoy actúa como escudo de los glaciares y el ambiente periglacial.

• Romina Del Plá (Frente de Izquierda): Representó la postura más disruptiva y tajante. Para la diputada, el solo hecho de avanzar en el tratamiento tras lo ocurrido en el Senado representa una "catástrofe". Su rechazo es total, entendiendo que cualquier modificación a la ley vigente es, per se, un retroceso en materia de derechos ambientales.

Una prueba de fuego para las instituciones

La modificación de la Ley de Glaciares es, quizás, uno de los desafíos más grandes para la actual composición de la Cámara de Diputados. No se trata solo de ajustar artículos para facilitar la inversión minera o energética; se trata de definir qué modelo de país estamos construyendo sobre la base de recursos que son finitos.

La convocatoria para finales de marzo será el termómetro de una sociedad que está cada vez más alerta. El desafío de Peluc y Mayoraz será conducir estas audiencias evitando que se conviertan en un campo de batalla de consignas vacías, transformándolas en un verdadero espacio de intercambio técnico y social.

Argentina se debate entre la urgencia de divisas y la preservación de su patrimonio natural. En Sin Fronteras y La Semana en Medios, seguiremos de cerca este proceso, porque lo que se decida en esas audiencias públicas marcará el cauce —literal y figurado— de las próximas décadas.

Eje de Conflicto

Ley 26.639 (Vigente) Definición de Glaciar Definición amplia que incluye glaciares descubiertos, cubiertos y de escombro. Ambiente Periglacial Protege áreas congeladas que actúan como reguladores hídricos, incluso si no tienen hielo masivo. Actividad Minera Prohíbe taxativamente la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en zonas protegidas. Inventario Nacional Es la herramienta base de protección; lo que está en el inventario no se toca. 

Proyecto de Modificación Definición de Glaciar Busca una definición más restrictiva, exigiendo que tengan una función hídrica "relevante" demostrada. Ambiente Periglacial Propone limitar la protección solo a aquellas áreas que aporten un flujo de agua "significativo" a las cuencas. Actividad Minera Abre la puerta a proyectos si se demuestra mediante estudios de impacto que no afectan la reserva hídrica. Inventario Nacional Plantea actualizaciones del inventario que podrían "liberar" zonas hoy consideradas protegidas.

Plantea actualizaciones del inventario que podrían "liberar" zonas hoy consideradas protegidas.

¿Por qué es tan sensible este debate?      

1. El "Criterio de Relevancia": La gran trampa técnica que denuncian las organizaciones ambientales y bloques como Unión por la Patria o la Izquierda es quién define qué es un aporte hídrico "significativo". Si un glaciar de escombro es pequeño pero es la única fuente de agua de un pueblo cordillerano, ¿deja de ser relevante?
2. Seguridad Jurídica vs. Ambiental: El sector minero argumenta que la ley actual es "ambigua" y frena inversiones millonarias en proyectos de cobre y litio. Los defensores de la ley sostienen que la ambigüedad es una protección precautoria necesaria ante el cambio climático.
3. El Factor Escazú: Como mencionamos en la columna, el Acuerdo de Escazú prohíbe la "regresividad" ambiental. Es decir, el Estado no puede legislar para otorgar menos protección de la que ya existe. Este será el principal argumento legal para frenar la reforma en la Justicia si llega a aprobarse.

Se dio en el marco del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la de Asuntos Constitucionales, que presiden los diputados nacionales de La Libertad Avanza José Peluc y Nicolás Mayoraz (LLA), respectivamente.

Durante la reunión conjunta, que contó con la presencia del secretario Parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán, los legisladores acordaron un plan de trabajo para el tratamiento y debate del proyecto de ley. En ese sentido, se avaló la convocatoria a audiencias públicas para garantizar la participación ciudadana.

Cabe recordar, que el proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, impulsado por el Poder Ejecutivo, obtuvo media sanción en el Senado de la Nación, el pasado jueves 26 de febrero. La norma apunta a redefinir el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en determinadas áreas periglaciares previamente restringidas.

Al inicio del plenario, el titular de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc (LLA), amparándose en el artículo 114 bis del reglamento de la Cámara de Diputados, propuso la convocatoria a audiencias públicas para tratar el proyecto, respetando también en el artículo 7 del Acuerdo de Escazú.  

Al explicar el plan de trabajo, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA), como presidente de Asuntos Constitucionales, detalló que la propuesta es convocar “a una audiencia pública a realizarse los días 25 y 26 de marzo del corriente año, de 10 a 19 horas, a fin de dar un plazo suficiente para la difusión correspondiente a la ciudadanía, pudiendo participar y exponer de manera presencial (en la sala A del Anexo “C” de la Cámara baja) el primer día, y de forma remota el segundo, para cumplir con el requisito federal”. “El federalismo se garantiza escuchando todas las voces de cualquier punto del país”, remarcó.

En representación de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, exigió “las audiencias públicas las cuales deben realizarse en una cierta cantidad de días en Buenos Aires con un claro criterio federal de participación de las provincias, sobre todo donde están comprometidas las cuencas hídricas”.

Desde el bloque Unión por la Patria, Sabrina Selva, afirmó que “estamos todos de acuerdo en la realización de las audiencias públicas”, pero planteó diferencias “en cómo deberían llevarse adelante” las mismas. “La audiencia pública deberá ser pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta ley”, expresó. En ese sentido, propuso que “se habilite la participación en serio de los ciudadanos de todas las provincias, para garantizar a todos puedan tener voz en el debate”.

A su turno, Silvana Giudici (LLA) ratificó que “el proceso que se propone es amplio y está debidamente informado tal cual pide el artículo 7 del Acuerdo de Escazú”. El texto del artículo mencionado apunta a garantizar el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales, obligando a los Estados a implementar mecanismos abiertos e inclusivos desde etapas tempranas, especialmente para proyectos con impacto significativo y busca asegurar que las opiniones ciudadanas se consideren en los resultados finales.

En contrapartida, Romina Del Plá (Fte. de Izquierda y de Trabajadores Unidad) manifestó que “lo mejor que puede hacer la Cámara de Diputados es no avanzar en este tratamiento, porque lo que hizo el Senado es verdaderamente una catástrofe”.